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Lima, 04 de mayo del 2006 |
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La Corte de Justicia de Lima, mediante Resolución Administrativa N° 155-2006-P-CSJL/PJ (El Peruano, 29/04/06), ha reincorporado al sistema judicial a un magistrado más (totalizando 11 hasta el momento), en cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado entre éste y el Estado peruano, bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A la vez, y para poder cumplir con las reincorporaciones acordadas, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha señalado que suprimirá algunas plazas del concurso público de la Convocatoria 002-2005 para vocalías superiores, juzgados especializados y mixtos y juzgados de paz letrado (ver: comunicado). Se continúa así, en la Corte de Lima y en el CNM, con el cumplimiento de las obligaciones asumidas ante la CIDH en un caso que sigue pendiente de explicaciones por parte del Estado, no obstante la serie de reincorporaciones llevadas a cabo (ver: Primeras reincorporaciones de magistrados no ratificados con acuerdo ante la CIDH). En efecto, los magistrados peticionarios con los que el Estado aún no ha firmado dichos acuerdos, están todavía a la espera de las razones por las que los representantes del gobierno en este campo (léase Ministro de Justicia y Presidente de la República) aún no firman con ellos; sobre todo ahora que el plazo otorgado al Estado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para expresar su voluntad de continuar o no con dicho proceso de firmas, se ha cumplido el 8 de abril pasado (de acuerdo al Comunicado de Prensa CIDH 07/06). Una ausencia de explicaciones que, por cierto, no hace más que alimentar la sospecha de manejo político de este proceso y de falta de independencia de algún grupo de magistrados con los que el Estado ya ha firmado. La
sociedad civil espera que, ante la ausencia del
Poder Ejecutivo para explicar razones, las demás
instituciones involucradas de una forma u otra
en el caso (que por cierto no ha sido tomado con
la importancia debida a causa de la coyuntura
electoral), como el Poder Judicial, el
Ministerio Público, el Consejo Nacional de la
Magistratura y la Defensoría del Pueblo, se
pronuncien ante esta errada actitud del
gobierno, que no hace más que exponer al país
a una nueva
sanción internacional y, por si lo anterior
fuera poco, pone en tela de juicio la
independencia del sistema de justicia, con las
negativas consecuencias que ello entraña.
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