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Lima, 11 de mayo del 2006 |
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Los
dos juicios contra los presuntos integrantes del
“Grupo Colina” –en
los casos Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri,
el primero; y La Cantuta, el segundo–,
procesos judiciales que se llevan a cabo ante la
Primera Sala Penal Especializada, que preside la
doctora Inés Villa Bonilla, han tomado un curso
sumamente importante para conocer, directamente
de sus propios protagonistas, los sucesos de
muerte, desaparición forzada y lesiones graves,
cometidos por los integrantes del referido grupo
paramilitar. Como
manifestamos en nota anterior, del 20 de abril
(ver: Juicio
al Grupo Colina: continúa confesión sincera de
algunos acusados), varios de los
integrantes del Grupo Colina, que han decidido
acogerse al beneficio de la confesión sincera,
están relatando a la Sala Penal que los juzga,
los detalles de la forma cómo sus integrantes,
dirigidos y comandados por Martin Rivas y Eliseo
Pichilingue, cometieron tan atroces crímenes de
lesa humanidad. Uno de los últimos en confesar
ha sido el acusado Ángel Sauñi Pomaya, quien
ha manifestado, en la sesión del 4 de mayo, que
el Grupo Colina no solamente cometió los
delitos por los que son investigados sus
integrantes, sino que cometió otros crímenes más,
como el asesinato de cuatro integrantes de la
familia Ventocilla, hecho ocurrido en las
afueras de la ciudad de Huacho en el año 1992. Según
explico el acusado Sauñi Pomaya: “Como Yauri
había denunciado mediante su espacio radial de
Huacho la detención desde mayo de ese año de
la familia Ventocilla (Rafael y sus hijos
Alejandro, Agripino y Simón) en la base militar
de Atahuampa (Huaura), en represalia dicha
familia fue torturada y luego baleada el mismo día
de la muerte del periodista huachano (24 de
junio de 1992)”. Según detalló, “la
ejecución extrajudicial de esta familia
huachana estuvo al mando de los jefes de ese
grupo, Santiago Martin Rivas y Carlos
Pichilingue Guevara (Expreso,
06/05/06). Ante
esta importante declaración, que se suma a la
otorgada anteriormente por el acusado Fernando
Lecca Esquen, las cuales se dan en el marco del
juicio por la desaparición y muerte de los
nueve estudiantes y un profesor de la
Universidad de La Cantuta, los dos acusados
Lecca y Sauñi, han solicitado que se les
otorgue garantías para ellos y sus familiares,
ya que temen por sus vidas. A estas solicitudes
de garantías se suman las planteadas por la
defensa de los acusados Douglas Arteaga Pascual
y William Tena Jacinto, ambos acusados en los
casos Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa,
quienes han solicitado protección para ellos y
sus familias. E incluso en la audiencia de hoy,
11 de mayo, en la Base Naval del Callao, el
acusado Tena Jacinto llegó a señalar que el día
de ayer había sido amenazado de muerte por
parte de un interno en el penal San Pedro, ex
Lurigancho; “tus días están contados”, le
habría manifestado el interno en tono
amenazante. Tena responsabilizó de tales
amenazas a los efectivos militares Santiago
Martin Rivas y Eliseo Pichilingue Guevara. Vemos
cómo se siguen desarrollando estos importantes
juicios entre confesiones sinceras y amenazas de
muerte para los que están confesando y para sus
familias. A lo cual se suma necesariamente las
actitudes de dilación del juicio desarrolladas
especialmente por la defensa del acusado Martin
Rivas, cuyo abogado de manera permanente no
solamente dilata el proceso, sino que además
utiliza palabras ofensivas contra las
magistradas, el representante del Ministerio Público
e incluso hoy, en tono amenazante, quiso obligar
a declarar a su manera a la acusada Estela Cárdenas
Díaz, por lo cual la Sala Penal Especializada
tuvo que suspender la sesión matinal. Consideramos
de vital importancia que se les brinde la
respectiva seguridad a aquellos integrantes del
referido Grupo Colina que, acogiéndose a la
confesión sincera, están proporcionando
información valiosa para resolver los
mencionados casos. Igual protección debe haber,
desde luego, para las propias magistradas del
caso, a quienes se les ha retirado el personal
de seguridad (ver:
Lucha anticorrupción: jueces desprotegidos).
Pero pedimos a su vez a la Sala Penal
Especializada una mano más firme para sancionar
debidamente a quienes de manera permanente
dilatan, perturban y hasta ofenden la majestad
de estos procesos y con ellos a las partes
procesales que integramos los mismos. |