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Lima, 11 de mayo del 2006 |
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En
materia disciplinaria se han presentado
novedades. En esta oportunidad,
coincidentemente, respecto de magistrados
superiores. En primer lugar, encontramos lo
informado sobre el caso del presunto cambio de
sentencia a favor del narcotraficante Zeev Chen,
en el cual estarían involucrados tres vocales
superiores de Lima, entre los que resalta el
nombre de Ana Espinoza Sánchez (El
Comercio, 07/05/06). Y en segundo lugar, la
apertura de procedimiento disciplinario ante el
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) contra
el vocal superior de Piura, Jorge Díaz Campos (Correo,
05/05/06). El
primero es un importante caso sobre el que hemos
reportado anteriormente (ver: OCMA
investigará presunto cambio de sentencia a
favor de narcotraficante, OCMA
investiga cambio de sentencia
de narcotraficante). En esta ocasión,
la novedad radica en que se ha hecho público
que en marzo pasado el magistrado encargado de
la investigación disciplinaria, Amelio Páucar,
conjuntamente con un especialista en sistemas,
halló en una computadora cercana al despacho de
la vocal Ana Espinoza Sánchez, los archivos
informáticos que demostrarían la existencia de
dos sentencias, la primera y original elaborada
el 23 de octubre de 2005, y la segunda –que
habría suplantado a aquella–, de fecha 5 de
diciembre del mismo año, es decir, un mes y dos
semanas posteriores a la lectura del primer
fallo, como correctamente anota El
Comercio. Además, la resolución de
diciembre contaría con 2 páginas más que la
correspondiente a octubre, así como con una
sustancial reducción de 500 mil a 50 mil soles
de reparación civil. Por
otra parte, de acuerdo a Correo, el CNM decidió abrir procedimiento disciplinario contra el
vocal superior de Piura, Jorge Díaz Campos,
ante la solicitud proveniente de la OCMA para la
correspondiente sanción de destitución. En
suma, al magistrado se le acusa de comprar, por
medio de testaferro, un bien inmueble puesto a
remate judicial. Desde
luego, ambas denuncias son de enorme relevancia,
por lo que esperamos que las investigaciones se
desarrollen adecuadamente y se impongan las
sanciones que correspondan, de ser el caso. |