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Más de una vez hemos escrito que apostamos a la reforma procesal penal. Más de una vez, también, hemos expresado nuestro apoyo al Código Procesal Penal calificándolo de piedra fundamental de la modernización democrática de la justicia penal. Pero claro, junto a ello hemos reclamado, de forma insistente, la generación de condiciones necesarias para que tal Código, dado el carácter progresivo de su implementación, entre realmente en vigencia, en las fechas programadas, y con posibilidades de éxito.
Por cierto, no pocas veces, hemos señalado que la Comisión Especial de Implementación del Código no ha sido capaz de liderar la reforma del sistema de justicia penal. No pocas veces, hemos sostenido que el Plan de Implementación, traslucía la ausencia de la debida discusión de las propuestas de cada una de las instituciones que la conforman, y la búsqueda de consensos y acuerdos de carácter interinstitucional sobre la forma en que debería aplicarse el Código. Y no pocas veces, hemos lamentado que las instituciones del sistema de administración de justicia –particularmente, el Poder Judicial, y más específicamente el órgano de gobierno del mismo- no hayan logrado crear óptimas condiciones de inicio del Código Procesal Penal en el distrito judicial de Huaura.
Estando a ello, en octubre del año pasado planteamos la necesidad de elaborar un Plan de Emergencia para dicho distrito judicial; y, vista la distinta aunque generalizada insuficiencia en los ámbitos de capacitación, despachos judicial y fiscal, normatividad interna, infraestructura, mobiliario y difusión, que hacía peligrar el éxito en Huaura y la propia viabilidad de la reforma en el Perú, en enero de este año sostuvimos ante la Comisión Permanente del Congreso la conveniencia de la prórroga de la entrada en vigencia del Código Procesal penal.
En diversas oportunidades, hemos reconocido que antes y después de la prórroga (Ley Nº 28671 y Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS), las doctoras Adelaida Bolívar Arteaga y Gladys Echaíz Ramos, desde Lima, y los doctores Jaime Llerena Velásquez y Félix Salazar Huapalla, desde Huaura, han dado su respaldo a la reforma y han emprendido diversas acciones a fin de que el Código Procesal Penal se implemente en ese distrito judicial el 1º de julio. También, hemos saludado el hecho que, después de febrero, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación (Resolución Nº 122-2006-MP-FN), la presidenta en funciones del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura (Resolución Nº 010-2006-AMAG-CD) y los representantes de las otras entidades concernidas, hayan designado a los integrantes de los respectivos equipos técnicos de implementación institucionales; que la Presidencia de la Corte Superior de Huaura, por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, haya procedido a la instalación de la Comisión Distrital de Implementación del Código Procesal Penal; que las instituciones hayan nombrado a los integrantes de dicha Comisión Distrital; y que ésta se haya reunido.
Nada de ello, sin embargo, nos quita la sensación actual de debilidad, improvisación, precipitación de hora última y ausencia de coordinación, que caracteriza el “estado de cosas” de la implementación del Código Procesal Penal en el distrito judicial de Huaura. Unas más y otras menos, las distintas agencias del sistema penal muestran su fragilidad y exhiben sus limitaciones. Aunque, sin duda alguna, mención aparte merece la actuación del Ministerio de Justicia que ha hecho muy poco por cambiar la condición de extrema precariedad de la Defensoría de Oficio de Huaura. En los últimos meses, el Poder Judicial y el Ministerio Público intentan, con distinta suerte y énfasis, pero atropelladamente “acelerar” su adecuación institucional a la reforma. Lima-Huacho-Lima y Huacho-Lima-Huacho es una ruta tomada por las autoridades fiscales y judiciales, y sus respectivos gerentes. Andan en busca del tiempo perdido. Y, pese a ser parte de la Comisión Especial (nacional) de Implementación, de la Comisión Distrital de Implementación y de recorrer los mismos caminos, cada entidad ha realizado los continuos viajes y adoptado acciones en solitario y sin la indispensable coordinación interinstitucional.
Así pues, no todo está listo para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en el distrito judicial de Huaura, ni siquiera en las sedes del Poder Judicial y Ministerio Público de Huacho, lugar al que –valgan verdades- se circunscribirá en términos prácticos la puesta en marcha de la reforma el 1º de julio.
En lo que atañe a los órganos jurisdiccionales y fiscales, que se encargarán del conocimiento de los procesos que continuarán siendo regidos por las normas del Código de Procedimientos Penales y, fundamentalmente, de la sustanciación de las nuevas causas bajo los parámetros del Código Procesal Penal, el panorama que se presenta en el distrito judicial de Huaura está marcado por la conformación de estructuras de recientísima aprobación y de nula coordinación interinstitucional. El Poder Judicial sólo la ha podido montar a fines de mayo (recuérdese que la reforma debía empezar el 1º de febrero y efectivamente comenzará el próximo 1º de julio), creando de forma transitoria y convirtiendo diversos órganos jurisdiccionales para adecuarse institucionalmente a la fórmula prevista en el Código (Resolución Administrativa Nº 078-2006–CE–PJ); y, tratándose del Ministerio Público, ello sólo ha sido posible a mediados de junio, en que algunos despachos fiscales se convirtieron en Fiscalías Corporativas (Resolución de la Junta de Fiscales Supremos Nº 034-2006-MP-FN-JFS).
Es de esperar que la nueva estructura responda al histórico nivel promedio anual de denuncias (alrededor de 5,000) y procesos (sobre los 7,500) ingresado en las fiscalías provinciales penales del distrito judicial de Huaura. Aunque la previsión de un solo Juzgado de la Investigación Preparatoria en Huacho –la localidad de mayor movimiento judicial- nos permite la duda.
Y, aunque reconocemos que el molde de los despachos judicial y fiscal no necesariamente debe corresponderse, lamentamos que las decisiones adoptadas, en primer lugar por el Poder judicial y luego por el Ministerio público, no hayan sido coordinadas entre sí, ni en el nivel de la Comisión Especial de Implementación ni en ámbito de la Comisión Distrital de Implementación.
Llama la atención también el hecho que las decisiones sobre el inventario de denuncias y expedientes hayan sido adoptadas en fecha tan reciente (esta semana), dos días después del anuncio de la creación y conversión de los nuevos despachos fiscales (Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 726-2006-MP-FN) y tres semanas después de lo propio en el caso del Poder Judicial.
En el caso de los defensores de oficio la situación es extrema. Ningún cambio importante ha sucedido hasta el día de hoy. Sin medidas de adecuación institucional y sin pautas de actuación en las manos, el rol de actor central del sistema procesal adversarial que les asigna la reforma, difícilmente será cumplido. En todo caso, bienvenido el nuevo local en el que funcionará en Huacho, pues es absolutamente lamentable que los abogados sigan despachando en un local prestado por el Poder Judicial cuya dimensión no es mayor a tres metros de ancho por dos de largo.
En lo que concierne a la capacitación de los operadores jurídicos puede señalarse la disparidad existente. Los fiscales del distrito judicial de Huaura se encuentran medianamente entrenados (un número de ellos, incluso, conoce de la exitosa experiencia chilena); en el caso de los magistrados, el contingente es menor; y, definitivamente, en este terreno los defensores de oficio han sido prácticamente abandonados a su suerte y a su propia formación.
Finalmente, en cuanto a la difusión de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y sus bondades, hay que decir que lo hecho es limitado, de manera tal que la población que abarca el distrito judicial de Huaura (cerca de medio de millón) permanece al margen del tema.
Esas son, y no otras, las condiciones en que el 1º de julio entrará en vigencia el Código Procesal Penal en el distrito judicial de Huaura. Juzgue usted. Y preparémonos, para mejorarlas a la brevedad posible.
(Ronald Gamarra Herrera)
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