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Lima, 15 de junio del 2006 |
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Haciendo
uso de sus facultades constitucionales, el
presidente Alejandro Toledo concedió este miércoles
14 de junio de 2006 el derecho de gracia a
Alfredo Jalilie Awapara, acusado de cometer
delitos de corrupción bajo el régimen de
Alberto Fujimori y quien estaba cumpliendo una
sentencia de cuatro años por entregar 15
millones de dólares de indemnizaciones a
Vladimiro Montesinos. Este derecho de gracia,
similar al indulto, extingue la acción penal y
la condena y elimina cualquier tipo de
antecedentes penales y judiciales. Este acto del
Poder Ejecutivo se aplicaría a cuatro
de los cinco procesos de corrupción que
afronta el ex funcionario (Perú.21, 15/6/06). Entre
los delitos que se le imputan en los otros
procesos, se puede mencionar el desvío de
fondos de los Ministerios del Interior y de
Defensa al SIN, el pago de la deuda tributaria
del ex publicista fujimorista Daniel Borobio con
fondos públicos, la adquisición de aviones MIG
29 y Sukhói y la compra de patrulleros para el
Ministerio del Interior (El
Comercio, 15/6/06). El
beneficio otorgado por Alejandro Toledo estaría
justificado en cuestiones humanitarias, pues
Alfredo Jalilie padece de cáncer en uno de sus
ojos. Sin embargo, el abogado penalista Luis
Lamas Puccio ha sostenido que el derecho de
gracia es un beneficio que sólo se otorga por
razones humanitarias en las etapas iniciales del
proceso, cuando aún no se ha iniciado el juicio
oral, etapa que ya habría precluído en algunos
de los procesos (La
Primera, 15/6/06). La
Procuraduría Anticorrupción ha manifestado su
disconformidad con el perdón otorgado y calificó
el acto como precedente negativo y contrario a
la institucionalidad democrática (Perú.21,
15/06/06). Además, señaló que el derecho
de gracia debe limitarse y no interferir con la
independencia del Poder Judicial y con procesos
judiciales en curso. El
hecho realmente preocupante es que, ad portas de culminar el régimen del presidente Toledo, se haya
concedido este derecho de gracia presidencial a
una persona condenada por el delito de corrupción
de funcionarios en un caso emblemático del
sistema anticorrupción. Si bien el beneficio de
la gracia presidencial no alcanza al proceso que
se le sigue por el pago de 15 millones de dólares
como CTS a Montesinos, lo cierto es que la
sensación que esto crea es que el Ejecutivo no
solo hizo abandono de la lucha contra la
corrupción, sino que además no tiene ningún
problema de conceder beneficios a una persona
condenada por ese delito. Es
más, pareciera que este beneficio no ha hecho
otra cosa que allanar el camino para liberar al
ex vice ministro fujimorista de toda
responsabilidad, ya que en los próximos días
la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema,
presidida por el vocal Robinson Gonzáles, deberá
emitir sentencia justamente en el caso de los 15
millones. Para ser claros, allí las cosas no
están seguras y no nos sorprendería que se
anule la condena y se absuelva a Jalilie
Awapara. Todo
ocurre en un momento en el que los procuradores
cumplen dos meses impagos y sin ningún apoyo
político en la labor que desarrollan.
Inclusive, tal como lo ha señalado el
procurador Maldonado, esta situación complica
la intervención del Estado peruano en el
proceso de extradición de Alberto Fujimori (Perú.21,
15/06/06). Otro
problema es que se debe precisar a qué procesos
se refiere la gracia concedida, pues en la Resolución
Suprema se aplica el beneficio, entre
otros, al expediente 035-2003, el cual no
existe. Ello generó que la Cuarta Sala
Anticorrupción reprograme una audiencia contra
el ex funcionario por el caso Borobio, pues no
queda claro si la gracia se quiso otorgar al
expediente que ella está siguiendo (el
035-2002) (Perú.21,
15/06/06 Creemos
que este suceso plantea la necesidad de que, en
términos más o menos inmediatos, teniendo un
nuevo gobierno electo, se replantee la decisión
del Estado respecto a la lucha contra la
corrupción. Estamos, pues, en un momento en el
pareciera que la intención es sepultar
definitivamente este esfuerzo. |