|
Lima, 13 de julio del 2006 |
|
El
5 de julio pasado, el Congreso de la República
aprobó la autógrafa de la Ley de Coordinación
entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo
para la programación y formulación del
presupuesto institucional del Poder Judicial (ver
autógrafa),
en virtud de la exhortación que le hiciere en
diciembre de 2004 el Tribunal Constitucional,
mediante la sentencia emitida en el sonado
proceso de competencia signado con el Expediente
Nº 004-2004-CC/TC. La
norma, luego de indicar su finalidad, y
siguiendo lo señalado en la sentencia antes
mencionada, soporta al tema presupuestal en el
Plan Estratégico Institucional del Poder
Judicial, en el que se fijan políticas de
corto, mediano y largo plazo, que deben servir
de guía para avanzar en materia de reforma. A
partir de ello, crea el Comité de Coordinación
y determina sus funciones. Este comité está
conformado por el Presidente del Poder Judicial,
dos vocales supremos, el Presidente del Consejo
de Ministros, el Ministro de Economía y
Finanzas y el Ministro de Justicia, y tiene por
encargo incentivar la fluidez de la información
entre las instituciones, consensuar posturas y
difundir las iniciativas tomadas. Por
último, la autógrafa señala que el 31 de
julio de cada año el Poder Judicial debe
entregar su propuesta de presupuesto, dentro de
los lineamientos por ella previstos, y siguiendo
los aplicativos informáticos remitidos por el
Ejecutivo. Como
puede advertirse, se trata de una autógrafa
somera, que regula el camino del consenso para
elaborar el presupuesto del Poder Judicial, sin
marcar un procedimiento establecido, límites
progresivos de ampliación de presupuesto,
plazos de presentación de información, etc. A
manera de opinión inicial, consideramos que
esta norma, de ser promulgada y publicada, difícilmente
podrá cumplir tal función y tener un impacto
relevante en la formulación del presupuesto del
Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2007,
habida cuenta de la parquedad de su regulación
y del pasado reciente de desencuentros entre el
Judicial y Ejecutivo en esta materia, lo que
hace difícil que el espacio de diálogo abierto
llegue a ser fructífero. En
ese orden de ideas, ante la circunstancia de
contar con una ley poco útil para el sistema,
sería importante que el Ejecutivo evalúe la
posibilidad de observar la autógrafa, a fin de
permitir que se debata y apruebe por consenso
una norma que regule con idoneidad la materia
que nos convoca. |