Lima, 10 de agosto del 2006

Otra vez vuelve al tapete el debate de la pena de muerte. Luego que el Presidente de la República, Alan García Pérez, anunciara que el Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley para aplicar la pena de muerte a los responsables de violaciones sexuales a menores seguidas de muerte. Dicho propuesta trae a colación una pregunta central: ¿La pena de muerte, realmente, disuade y evita la comisión de delitos?

La evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha seguido una tendencia abolicionista en el mundo, respecto a la pena de muerte. El carácter progresivo de los derechos fundamentales de las personas ha llevado a los Estados a no retroceder en la aplicación o recorte de estos derechos. Por ello, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, distintos instrumentos jurídicos de los cuales somos parte, han reconocido y promovido la protección de los derechos humanos y la tendencia abolicionista de la pena de muerte. Así se establece en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, que establece en su preámbulo, “… la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos…”. Esto demuestra la tendencia abolicionista que tanto nosotros como los demás países siguen. Al respecto, informes estadísticos de Amnistía Internacional, como el Boletín sobre la pena de muerte de mayo de 2006, señala que existen 86 países abolicionistas para todos los delitos y 11 abolicionistas sólo para los delitos comunes.

Además de lo anterior, existen diversos estudios que coinciden en señalar que sanciones penales como la pena de muerte no son disuasivas ni preventivas, no son una garantía de que las personas no vayan a cometer delitos. Claro ejemplo de ello, es el caso de los países que mantienen la pena capital como medida punitiva, en aquellos estados se ha podido establecer que no hay una disminución de los índices de delincuencia.

A pesar de ello, en nuestro país, nuevamente se ha iniciado un debate que ya lleva muchos años, sin llegar a un consenso. Desde nuestro punto de vista, esta medida es inviable, ya que esto demandaría un proceso bastante largo y complicado. En el ámbito interno estamos hablando de una reforma constitucional, la cual una vez planteada la propuesta de reforma por parte del Ejecutivo, se puede hacer sólo por una vía. Que, esta pase a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y a la de Constitución, una vez aprobada por ambas se propone el debate en el pleno, el cual debe aprobar la propuesta en dos legislaturas ordinarias sucesivas con el voto aprobatorio de 81 congresistas.

En el ámbito del sistema regional de justicia, estamos obligados por un tratado (pacta sunt servanda), el Pacto de San José de Costa Rica del cual el Estado peruano es parte desde 28 de julio de 1978. En el artículo 4 de dicho Pacto, relativo al derecho a la vida, se establece que no se pueden ampliar los supuestos de pena de muerte en nuestro ordenamiento, ya que sólo se reconocerán los que ya estuviesen establecidos. De esta manera, ya ha quedado zanjado el tema de la pena de muerte en nuestra Constitución, en la que sólo se permite en los supuestos de traición a la patria.

El aprobar la reforma constitucional e incorporar en el artículo 140 de la Constitución la pena de muerte para violadores de menores de edad, significaría denunciar el Pacto de San José de Costa Rica. Ello originaría que el país quedase fuera del sistema interamericano de protección de derechos humanos y, además, el aislamiento del mundo en cuanto a la protección de los mismos. Lo que origina otra pregunta, ¿cómo quedamos ante el nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?

Por todo ello, estamos convencidos que la solución del problema no pasa por implantar la pena de muerte, sino en una adecuada política de seguridad, vigilancia, educación, información y administración de justicia. Además, la ley Nº 28704, que modificó el Código Penal relativo a los delitos contra la libertad sexual, promulgada el 5 de abril del 2006, es un avance sustancial respecto de la sanción penal efectiva para los violadores, ya que contempla penas más severas como la cadena perpetua para violadores de menores de 10 años o para aquellos que causen la muerte a los menores de 18 años. Asimismo, establece el impedimento de otorgar beneficios penitenciarios a aquellos que violan a menores de edad.

Finalmente, creemos que la aplicación de la pena de muerte recaería principalmente sobre la gente más pobre, lo que puede originar la ejecución de personas inocentes. Recordemos el caso de Jorge Villanueva Torres, que en 1957, fue fusilado por el supuesto de haber violado y matado a un niño de cuatro años, años más tarde se demostró su inocencia.

”Ante el crimen atroz que es la violación seguida de asesinato de niños esa gente no tiene derecho a vivir...”, son palabras del presidente Alan García (La República, 09/08/06). Con este tipo de declaraciones, podemos concluir que se puede justificar la pena de muerte para cualquier otro delito, siempre que vayan acorde con el sentir de la sociedad o de sus autoridades. Esto es peligroso, por ello, es necesario que no se tome a la ligera la aprobación de un proyecto tan importante para el país y su sociedad como es la pena de muerte. Debemos propiciar el pronunciamiento de los distintos organismos del Estado y de la sociedad civil.
(Sofía García Carpio)