Lima, 17 de agosto del 2006

La propuesta de retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como solución para salvar el impedimento internacional, a fin de reimplantar la pena de muerte para los casos de violación a menores de edad, es algo preocupante. Los  principales motivos son tres: en primer lugar, resulta grave que luego de la evolución que se viene produciendo en nuestro país en materia de derechos humanos, se vuelva a plantear un tema que debería estar superado (ver: Pena de muerte: populismo penal). En segundo lugar, la idea del retiro de esta jurisdicción viene del fujimorismo, una organización que durante toda la campaña política defendió, de graves acusaciones de violación de derechos humanos, a su fundador: Alberto Fujimori. Recordemos que la Corte IDH está por emitir dos fallos, uno por el caso La Cantuta y otro por lo sucedido en el Penal Castro Castro, ambos acontecimientos ocurridos, en 1992, durante el mandato de Fujimori. Es de esperar que de ambas resoluciones se pueda derivar nuevos argumentos para que las denuncias que pesan contra el ex-presidente se vean reforzadas y, con ello, el trámite de su extradición se acelere.

Por último, nos preocupa la respuesta afirmativa desde algunos sectores del partido de gobierno a tal propuesta, haciendo temer que exista un eco y se tenga en cuenta tan desacertada idea como solución a la reinstauración de la pena de muerte en casos de violación de niños, niñas y adolescentes. Basta mencionar las declaraciones del congresista Javier Velásquez Quesquén, señalando que no es un “cataclismo” si nos retiramos de la Corte IDH, e indicando la cantidad de dinero que hacen perder al Estado las resoluciones de esta instancia internacional de justicia (La República, 15/08/06).

Es lamentable que nuevamente se sugiera esta posibilidad y que nazca nada menos que desde la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores. Rolando Souza, presidente de tal Comisión y ex abogado de Fujimori, días después de afirmar que no utilizaría la presidencia de la Comisión para tratar algún tema relacionado con su ex patrocinado, establece la necesidad de iniciar un debate nacional sobre el tema, debido a que las resoluciones de esta instancia “no son acordes a la realidad jurídica peruana” (Perú.21, 14/08/06).

A modo de recordatorio

Dichos argumentos recuerdan lo que sucedió en 1999, año en que el gobierno de Alberto Fujimori, usando como excusa la emisión del fallo en el caso Castillo Petruzzi –la Corte IDH ordenó la realización de un nuevo proceso a cuatro terroristas chilenos condenados a cadena perpetua y el pago de una indemnización de 10 mil dólares a cada uno de ellos- inició un vergonzoso trámite de retiro de la competencia de la Corte IDH.

Los argumentos, en el fondo, son los mismos utilizados por el congresista Souza, aunque algo más melodramáticos. Durante esa época se mencionó que la Corte Interamericana quería liberar a todos los terroristas (es más, que existía un supuesto plan para esto); razón por la que sus resoluciones estaban fuera de la realidad y afectaban nuestra soberanía.

El tiempo descubrió lo que realmente quería el gobierno de Alberto Fujimori con una salida de este tipo. El gobierno buscaba evitar a toda costa sentencias condenatorias y contundentes contra el Estado peruano por violaciones a los derechos fundamentales. Y no sólo de presuntos integrantes de grupos terroristas, sino también por casos como el retiro de la nacionalidad del empresario televisivo Baruch Ivcher Bronstein (febrero del 2001), y la resolución a favor de los magistrados del Tribunal Constitucional ilegítimamente destituidos (enero del 2001).

Felizmente con la salida-fuga del gobierno fujimorista, el Perú reasumió su papel de Estado garante de los derechos fundamentales y, a su vez, descartó la propuesta de retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El retiro de la competencia de la Corte IDH: inadmisible

Empero estos argumentos, la Corte Interamericana en su momento indicó que la intención del Estado peruano de retirar la competencia de este órgano internacional era inadmisible. En dos resoluciones emitidas, a propósito de los casos Ivcher Bronstein y Magistrados del Tribunal Constitucional, la Corte IDH estableció que “La Corte Interamericana, como todo órgano de competencia jurisdiccionales, tiene el poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia” (Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párrafo 32; Caso del Tribunal Constitucional. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55, párrafo 33).

Así, en dichas las resoluciones, esa instancia instituyó que “la única vía de que dispone el Estado para desvincularse del sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte, según la Convención Americana, es la denuncia del tratado como un todo”, añadiendo que “[n]o existe en la Convención norma alguna que expresamente faculte a los Estados Partes a retirar su declaración de aceptación de la competencia obligatoria de la Corte, y tampoco el instrumento de aceptación por el Perú de la competencia de la Corte, de fecha 21 de enero de 1981, prevé tal posibilidad”.

Es decir, el Estado peruano tendría que denunciar toda la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos (CADH). Sí, 82 artículos que norman y expanden nuestras garantías fundamentales en materia de derechos humanos, ya que un Estado puede pronunciarse en torno a una reserva de este tipo al momento de la ratificar o aprobar un tratado, de acuerdo a los establecido en el artículo 75 de la CADH, y el artículo 19 de la Convención de Viena de 1969.

Por esta razón, con esta propuesta no sólo está en juego la competencia de la Corte IDH, que de por sí es un asunto importante, sino también nuestra sujeción a la CADH, por lo que resulta gravísimo.

Tanto el Pacto de San José como la jurisprudencia de la Corte IDH son de obligatorio cumplimiento en nuestro sistema jurídico (cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, artículo V del título preliminar de nuestro Código Procesal Constitucional y un sin número de resoluciones del Tribunal Constitucional lo establecen), y como tal se han convertido en una garantía adicional que tenemos todos los peruanos y peruanas de nuestros derechos fundamentales.

Qué señal se emitiría si el Perú, en vez de buscar solucionar sus problemas de seguridad y una mejora en administración de justicia, opta por retirarse de la CADH y con eso de la Corte. Sin duda sería un total retroceso.

Si tenemos problemas de violaciones de derechos humanos, ya sea porque nuestros niñas y niños están indefensos, o porque se ha violado el debido proceso a acusados por terrorismo, o porque a los pensionistas no les pagan lo debido, o porque no se ratificó a magistrados de manera adecuada, es porque algo no anda bien en nuestro sistema de justicia. No atribuyamos problemas que se han creado dentro del Estado, por falta de implementación políticas adecuadas, a un órgano internacional que sólo está haciendo su trabajo. Los derechos humanos los tenemos todos y todas: seamos del primer mundo o del tercer mundo. Que no nos digan que la adecuada defensa de los derechos humanos no se ajusta a nuestra realidad.
(Lilia Ramírez Varela)