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Lima, 07 de setiembre del 2006 |
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En
el Perú las diversas instituciones del Estado
han transcurrido por diferentes reformas y
reorganizaciones; sin embargo, son escasas las
que han sobrepasado la valla y muy pocas las que
se pueden configurar como instituciones
gubernamentales de importante trascendencia. El
Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se
encuentra, nuevamente, en el ojo de la tormenta,
debido al tema de corrupción en el interior del
establecimiento penitenciario de Piedras Gordas,
considerado como penal de máxima seguridad. Al
respecto, la doctora Rosa Mavila León, actual
presidenta del INPE, ha señalado: “la
problemática del régimen carcelario es tan
grave que urge declarar en reorganización al
INPE. Tenemos problemas en la gestión
penitenciaria, en la disciplina carcelaria, en
las remuneraciones de los trabajadores, en las
condiciones de vida de los reclusos, entre
otros. El hacinamiento en las cárceles es
insostenible y los penales están a punto de
colapsar” (Perú.21,
04/09/06). Lamentablemente, sobre el tema no se
ha pronunciado aún la Ministra de Justicia, ni
los congresistas. Desde
nuestro punto de vista, consideramos importantes
las declaraciones de la doctora Mavila, en tanto
plantea la reorganización total de esta
importante institución. Pero, cabe señalar que
no es la primera vez que se habla de una reforma
del INPE ya que anteriormente, por
Resolución
Ministerial No 343-2002-JUS
(Fe
de erratas) del 24 de setiembre de 2002,
se creó la Comisión
Especial encargada de elaborar el Proyecto del
Plan Nacional de
Tratamiento Penitenciario, cuyo objetivo era
solucionar definitivamente el
problema penitenciario
en el Perú, y que contempló entre sus
conclusiones la
construcción de
nuevas instalaciones penitenciarias, cambios en
el programa de
rehabilitación de
internos y formas alternativas para el
cumplimiento de condenas. Nos preguntamos, ¿qué
sucedió con dicha propuesta? Al
respecto, consideramos que, dentro de la problemática
penitenciaria del Perú, se debe definir
prioridades, como por ejemplo, la determinación
de los penales de alta seguridad, la clasificación
de los internos y, fundamentalmente, sumarse en
la lucha contra la corrupción. Otra prioridad
urgente es la clasificación del personal que
trabaje en la institución, por ello, nos parece
importante que se seleccione a gente
idónea, competente, honesta y con una
trayectoria impecable. Creemos
además, que la problemática del INPE no es
solamente de su Consejo Nacional Penitenciario.
Por el contrario, debe ser considerada como una
preocupación estatal a la que debería sumarse
la actual Ministra de Justicia como
representante del Ejecutivo, la sociedad civil,
medios de comunicación, entre otros. Debemos
tomar conciencia que no será posible
solucionar el problema penitenciario sin el
compromiso firme y consecuente del Estado y de
la sociedad. Asimismo,
es necesario la búsqueda de alianzas con
instituciones vinculadas al tema, como por
ejemplo la Defensoría del Pueblo, la cual a
través del Programa para Asuntos Penales y
Penitenciarios, ha elaborado en estos últimos años
cuatro informes defensoriales que diagnostican y
desarrollan la problemática penitenciaria. Finalmente,
no olvidemos la responsabilidad de la sociedad y
del Estado frente a las personas recluidas en
los establecimientos penitenciarios, la misma
que no termina con la expedición del mandato de
detención o de la sentencia condenatoria firme.
Es importante asumir que el problema
penitenciario es parte de todo un sistema jurídico
en el que se encuentra inmerso la política
penal y judicial del Estado, seguridad ciudadana
y, en general, la seguridad interna del país.
Un Estado democrático debe asumir y admitir su
responsabilidad sobre el tema carcelario, tomar
conciencia que las cárceles no son un depósito
de desechos humanos y que la crisis del sistema
penitenciario es la crisis de los otros
sistemas, es el fracaso de las otras
instituciones públicas y de la sociedad, por lo
que urge asumir una solución para este problema
como parte de todo el sistema social. |