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Lima, 14 de setiembre del 2006 |
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Esta
semana se presentó ante la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la
República, el Presidente del Poder Judicial
(PJ), por un lado, para anunciar las medidas
inmediatas que adoptarán y, por otro lado, para
sustentar su posición en torno a la tan
reclamada/exigida reforma judicial y al plan
integral que –hace más de dos años–
propusiera la Ceriajus (Comisión Especial de
Reforma Integral de la Administración de
Justicia). Medidas anunciadas absolutamente insuficientes En
cuanto al anuncio de medidas inmediatas que la
Corte Suprema adoptará, es de lamentar que el
primer balance sea decepcionante. El doctor Vásquez
Vejarano anunció un conjunto de medidas
administrativas que –en nuestra opinión– no
atacan la raíz de los problemas: visitas
extraordinarias a las diversas Cortes de
Justicia del país, revisión del desempeño de
los magistrados provisionales, que todos los
relatores de salas sean titulares, reorganización
de la Mesa de Partes de la Corte Suprema, mayor
control del horario de trabajo, plenos
jurisdiccionales de las salas civiles de la
Suprema para uniformizar la jurisprudencia,
entre otras medidas. Hablemos
claro: no se necesitaba ninguna reforma judicial
para llevar a cabo todas y cada una de las
medidas que ha anunciado. Esas medidas debieron
y deben ser implementadas por la Corte Suprema
como parte de su trabajo ordinario, como parte
de sus obligaciones legales y constitucionales.
¿Acaso las visitas extraordinarias o los plenos
jurisdiccionales no están previstas ya en la
Ley Orgánica del Poder Judicial? ¿Acaso el
propio Presidente del PJ no anunció al inicio
de su gestión, en enero del 2005, que sería más
exigente con el horario de trabajo? ¿Acaso para
reorganizar la Mesa de Partes se requiere
declarar en reestructuración o reforma al Poder
Judicial? ¿Qué pasó entonces? Para
combatir la corrupción al interior del PJ se
anunció, entre otras medidas: revisar el
desempeño de los magistrados provisionales,
“exhortar” a los magistrados que se
encuentren investigados el levantamiento del
secreto bancario o solicitar los reportes de
Infocorp (para determinar si tienen deudas
pendientes en el sistema financiero). Sin duda,
medidas claramente insuficientes, sobre todo si
el ánimo va a ser tan sólo “exhortar” a
los magistrados investigados que colaboren ¿y
si se niegan, qué va a pasar? Por
el contrario, no se escuchó ni una sola palabra
de dos medidas que la Corte Suprema podría
poner en práctica de inmediato y que contribuirían
enormemente a hacer más transparente la
justicia y, por ende, a combatir la corrupción
y la ineficiencia: permitir a la opinión pública
conocer el currículo y la trayectoria de los
jueces y vocales de todas las instancias del PJ,
comenzando, evidentemente, por los vocales
supremos (hoy día, publicados once); sobre todo
ahora, que toca elegir dentro de pocos meses al
nuevo Presidente del Poder Judicial. La otra
medida es dar a conocer todas y cada una de las
sentencias de la Corte Suprema, como ya lo hace
el Tribunal Constitucional. Toda esta información
puede ser incorporada en la página web del PJ y
tendría un costo muy bajo. Es más, la
cooperación internacional ya invirtió en un
sistema y software para este propósito, pero
hasta ahora no se implementa. Sin recursos no hay reforma Sin
recursos no hay reforma judicial. Ese pareció
ser el mensaje de fondo del Presidente del Poder
Judicial durante su presentación ante la Comisión
de Justicia. A las pruebas nos remitimos.
Primero, sostuvo la tesis –que no
compartimos– que el Plan de la Ceriajus no se
había implementado a la fecha, entre otras
razones, por falta de recursos, pues la
implementación de dicho Plan costaría 1,300
millones de dólares. Segundo, porque volvió a
insistir en la necesidad de creación de más órganos
jurisdiccionales como uno de los caminos de
solución de los problemas que aquejan a la
justicia. Tercero, porque en torno a la justicia
de paz, advirtió que si el cargo comenzaba a
ser ocupado por abogados, eso significaría
6,000 sueldos más y 6,000 secretarios de
juzgados más. Desde
Justicia Viva y el IDL siempre hemos considerado
que, en efecto, el sistema de justicia en
general –no sólo el Poder Judicial, sino
también el Ministerio Público, el sistema
penitenciario, los abogados de oficio, entre
otros– requiere de más recursos. Pero, a la
vez, también nos ubicamos en el sector
mayoritario del país que reclama mayor
eficiencia y transparencia en el gasto y en la
gestión. Por ejemplo, en el debate
parlamentario sobre el presupuesto 2007 para el
PJ, se debería conocer cómo y en qué se
gastaron los recursos adicionales que este Poder
del Estado obtuvo para el ejercicio 2006. ¿Cuánto
se destinó a la justicia de paz? ¿Cuánto se
destinó a la creación de nuevos órganos
jurisdiccionales? ¿Cuánto se destinó a la
Corte Suprema y al pago de devengados? Son
algunas de las preguntas que debieran ser
respondidas. La
Corte Suprema debería hacer un esfuerzo mayúsculo
en maximizar la eficiencia en el gasto y en
redistribuir los recursos. La experiencia en
otros sectores como defensa o seguridad o
instituciones como el Tribunal Constitucional,
dan una idea de que eso es posible. Sería
tomado, además, como una excelente señal por
parte de los otros Poderes del Estado y de la
opinión pública. En cuanto a las medidas de
austeridad, se echó en falta que los vocales
supremos no anunciaran la nivelación de sus
haberes con los congresistas, medida tan exigida
y esperada por el propio Parlamento (incluyendo
a su Presidenta). En vez de ello, anunció
ahorro en teléfono, gasolina, papel, toner,
etc., por el monto de 800,000 nuevos soles
(alrededor de 250,000 dólares americanos). Respecto
al Plan de la Ceriajus, el Presidente del Poder
Judicial señaló que había sido un esfuerzo
“histórico
y extraordinario” y que sin duda “no
era un trabajo más”, pero que tampoco era
“la
panacea”, expresión esta última que tomó
de la intervención del congresista Mauricio
Mulder. Luego pasó a sustentar las
discrepancias que la Corte Suprema tiene con el
Plan de Ceriajus y que se concentran en la
propuesta de reforma constitucional: no están
de acuerdo con una Suprema de sólo 11 miembros;
no están de acuerdo que la Suprema sólo sea órgano
jurisdiccional y ya no de gobierno; no están de
acuerdo con la integración de representantes de
sociedad civil en el órgano de gobierno del
Poder Judicial; finalmente, tampoco están de
acuerdo con el control disciplinario externo a
cargo del CNM. La
Corte Suprema hace bien en ventilar en el
Parlamento sus discrepancias con la reforma
constitucional propuesta por la Ceriajus. También
lo hizo en su momento en el seno de la Ceriajus,
al votar en contra de esta propuesta y al
presentar un dictamen en minoría que se
incorporó en el documento final del Plan. Por
tanto, ahora toca que el Parlamento no siga
rehuyendo –como lo ha hecho en los últimos
dos años– este debate constitucional
pendiente sobre qué justicia queremos, esto es,
qué modelo de Corte Suprema, qué modelo de
CNM, qué facultades se les confiere, entre
otros aspectos claves. Este debate debe ser público
y convocarse a los mejores expertos para conocer
su opinión sobre el particular. Como
vemos, la discrepancia de la Corte Suprema con
el Plan de Ceriajus se concentra en la reforma
constitucional que se propuso en materia de
justicia. No se entiende entonces por qué la
Suprema se mostró tan refractaria a implementar
el resto de medidas de la Ceriajus, algunas de
las cuales no suponían mayores recursos
adicionales, como es el caso de las medidas
referidas a la transparencia y la
predictibilidad de la jurisprudencia de la Corte
Suprema, a las que ya nos hemos referido. En
nuestra opinión, la magnitud, profundidad y
complejidad de los problemas que aquejan a la
justicia peruana, exigen cirugía mayor y no
paliativos, como los que ha anunciado el
Presidente del Poder Judicial en el Congreso.
Este nuevo anuncio de reforma judicial ha sido
tomado con cautela y hasta escepticismo por gran
parte de la opinión pública y los medios de
comunicación. El propio Presidente de la República
ha pedido plazos concretos a la Corte Suprema
para ver resultados tangibles. Creemos que esos
plazos ya están dados por lo que le queda de
gestión al actual Presidente del Poder Judicial
y la actual legislatura en el Congreso. |