Lima, 21 de setiembre del 2006

Está culminando la segunda semana desde que se inició, o al menos anunció, el proceso de reforma que algunos denominan reestructuración del Poder Judicial, que se originó, más que en la voluntad de sus actores, en el descubrimiento de supuestos hechos de corrupción que involucraban a un vocal supremo provisional.

Pero ¿qué ha pasado durante este tiempo?

La primera actividad de la Sala Plena de la Corte Suprema, después de reunirse con el Presidente de la República, fue conformar una Comisión Especial que proponga las primeras medidas a llevar a cabo desde el Poder Judicial, la misma que está integrada por los vocales supremos titulares Hugo Sivina Hurtado, Francisco Távara Córdova, César San Martín Castro y Víctor Ticona Postigo, y por el ex vocal supremo titular, Andrés Echevarría Adrianzén. Esta comisión ha presentado su propuesta de Plan de Restructuración del Poder Judicial, cuya discusión se ha iniciado el 18 de setiembre por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

Entre las primeras medidas propuestas, figura la discusión del Reglamento de la Oficina de Control de la Magistratura –OCMA–, esto en base a una evaluación realizada por los jefes de las Oficinas Distritales de Control Interno –ODICMA– de los 29 distritos judiciales. Otro tema de la propuesta sometido a discusión es el concerniente a la necesaria e inmediata mejora de la infraestructura física de la OCMA.

La Sala Plena ha analizado, asimismo, los proyectos que buscan modificar tanto normas procesales como sustantivas, con la finalidad de favorecer la celeridad y eficacia de la administración de justicia. Entre las otras medidas planteadas, figuran el Reglamento de la Ley de Meritocracia, el Reglamento del Auxiliar Jurisdiccional, el Manual de Funciones de las diferentes áreas jurisdiccionales, y la supervisión del Plan de Descarga Procesal que, sin embargo, no se han hecho de conocimiento público.

Una de las propuestas centrales es que las diferentes Salas que conforman la Corte Suprema, lleven a cabo acuerdos plenarios y jurisdiccionales para hacer conocer sus criterios en relación a las diferentes materias de su competencia. Otra, es la publicación de las ejecutorias y la identidad de los vocales ponentes en la página web del Poder Judicial.

Como vemos, hay diferentes propuestas planteadas por los vocales supremos, cuya implementación no significarán costo adicional alguno al sistema de justicia. Por ello reiteramos que es lamentable que se haya esperado un supuesto hecho de corrupción para ser formuladas e implementadas.

Cabe señalar, que varias de las propuestas planteadas forman parte de la propuesta elaborada por la CERIAJUS. Es por ello que nos parece importante adicionar otras propuestas contenidas en dicho plan, las cuales a nuestro entender, deberían ser parte del plan inicial de reestructuración del Poder Judicial. Esas medidas son: nombramiento de traductores en los distritos judiciales en los que el idioma materno no es el castellano; fortalecimiento de la justicia de paz, con la necesaria y urgente elección directa de jueces de paz; elaborar un plan de prevención y sanción de actos de corrupción dentro del sistema de justicia que comprenda la necesaria mejora de los órganos de control disciplinario; propiciar la imprescriptibilidad de procesos administrativos disciplinarios contra magistrados; establecer la inhabilitación por cinco años para desempeño posterior de cargo público al servicio del Estado a magistrados destituidos por delito de corrupción; organización del registro individual de cada magistrado, de carácter público y permanente (en la página web del PJ); mejorar la organización y funcionamiento del despacho jurisdiccional; impulsar el cumplimiento de la ley Nº 27939 para la presencia de jueces de paz en delegaciones policiales; y, la creación de un centro de información de la jurisprudencia nacional.

La reforma es urgente y prioritaria, pero creemos que debe abarcar la mayor cantidad de necesidades planteadas por los justiciables, las cuales han sido especialmente recogidas en el Plan de Implementación de la Reforma de la Justicia elaborado por la CERIAJUS. La Sala Plena del Poder Judicial tiene una gran oportunidad entre manos, la cual debe ser continuada y garantizada por su próximo presidente.
(Antonio Salazar García)