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Lima, 28 de setiembre del 2006 |
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Al
parecer, el
escándalo de ver a un vocal supremo recibiendo
una “coima”, no se aparta del imaginario
social. Sin duda, ésta es una válida explicación
para entender cómo es que la desconfianza de
los peruanos en el Poder Judicial —que en los
últimos años siempre ha estado presente en
altos porcentajes— se haya incrementado a
niveles alarmantes. Según una reciente
encuesta, elaborada entre el 9 y 10 de setiembre
de este año por la Universidad de Lima, un 97%
de personas confía poco (51.7%) o nada (49.7%)
en esta institución (ver encuesta). La
muestra, realizada sólo en Lima Metropolitana y
el Callao, es aplastante, y el Poder Judicial
sale jalado en casi todas las preguntas. Ante la
consulta de ¿cómo califica la administración
de justicia en el Perú?, un 58.5% señala que
es mala o muy mala, un 37.3% que es regular,
mientras un minúsculo 2.8% responde que es
buena. En tanto, sólo un 0.2% y un 8.4% piensa
que la justicia es nada o poco corrupta contra
un 90.5%, que la considera corrupta o muy
corrupta. Coherentemente,
el problema de la corrupción va por delante,
con un 62.8%, ante la pregunta de ¿cuál es el
principal problema de la administración de
justicia en el Perú?, ocupando los jueces un
segundo lugar con el 14.4%, pues a decir de la
población, el bajo nivel profesional de éstos
también es una dificultad en el sistema de
justicia. Están en tercer y cuarto lugar la
lentitud de los procesos (7.3%) y la desigualdad
en el acceso a la justicia (5.6%). Si
bien hay que diferenciar entre la percepción
ciudadana y el fenómeno real, tratando de ser
cautelosos en el uso de estos instrumentos de
percepción, ya que los encuestados no son
enterados o especialistas en el tema —es más,
un 56.6% de los entrevistados indican que están
poco o nada informados en los temas
judiciales—, es también verdad que el clamor
ciudadano está justificado ante problemas
latentes que enfrenta nuestro aparato judicial,
que podrían ser mejorados con voluntad política.
Hay que recordar que desde hace dos años se
tiene un Plan Nacional de Reforma Judicial
elaborado por la CERIAJUS que espera ser
debidamente implementado en sus medidas más
importantes. Si
algo bueno se puede sacar del reciente escándalo
del vocal supremo y, consecuentemente, del bajo
nivel de aprobación del sistema judicial, es
este nuevo impulso que están recibiendo los
temas de justicia en el país, debido a la
exigencia de la población por una urgente
reforma (ver: ¿Comenzó,
ahora sí, la reforma judicial?).
Los primeros pasos ya se están dando (ver: Reforma
judicial: necesidad de un “shock” de
reformas; 41
medidas y 7 comisiones de la Corte Suprema:
esfuerzo aún insuficiente).
Esperemos que las medidas sean las más
adecuadas y que las instituciones involucradas
(Poder Judicial, Congreso y Poder Ejecutivo,
entre otras), ahora sí, tengan la voluntad política
de llevarlas adelante. |