La última semana de noviembre, se llevó a cabo en Arequipa la Conferencia Anual de Empresarios (CADE), uno de cuyos bloques se dedicó a las crisis de la justicia y de la seguridad ciudadana. El documento de base para la discusión (ver: documento) fue preparado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), y en el caso de la justicia se comenzó con el reconocimiento de la profunda crisis en que nos encontramos, para continuar con la agenda ya consensuada y terminar con la constatación del problema principal para salir de la crisis: la falta de voluntad política para impulsar sostenidamente la reestructuración del servicio de justicia.
Sobre diversos indicadores de la prolongada crisis (la sobrecarga procesal inmanejable, los casos notorios de corrupción, la falta de acceso a la justicia, etc.), se ha puesto énfasis en la existencia de una agenda democrática aceptada por todos, que traza un rumbo esperanzador en la búsqueda de una justicia eficiente y proba. Siendo varios los esfuerzos desplegados al respecto, la expresión más acabada de este consenso es el plan aprobado por la CERIAJUS, que se construyó sobre el acuerdo entre todas las instituciones públicas vinculadas al tema y la sociedad civil.
A partir de ello, se señalan como principales puntos de agenda los siguientes:
a. Pasar de la idea de reforma judicial a la de reforma
del sistema de justicia y todo lo que incida en ella.
b. Selección y carrera judicial.
c. Control disciplinario y anticorrupción judicial.
d. Reforma de la Corte Suprema.
e. Fortalecimiento de la independencia de los jueces.
f. Implementación de la reforma procesal penal.
g. Medidas concretas de acceso a la justicia.
h. Presupuesto judicial suficiente y dirigido a la reforma
estructural.
i. Justicia militar bajo estándares de un Estado de
Derecho.
j. Justicia especializada comercial y arbitraje.
k. Fortalecimiento de los sistemas anticorrupción y de
terrorismo y derechos humanos.
l. Mejora de la enseñanza del Derecho y colegios de
abogados.
m.Eliminación de aspectos culturales que inciden
negativamente en la administración de justicia.
n. Participación de la sociedad en instancias estatales
del sistema de justicia.
o. Transparencia.
Se trata, pues, de una agenda amplia y que toca temas verdaderamente estructurales, que encontró en CERIAJUS y otros empeños en la misma dirección un diseño muy puntual y sistemático. De allí que lo que resta gira alrededor de la voluntad política de llevarla a cabo, no a partir de respuestas espasmódicas cuando se presenta un escándalo, sino sostenida y consensuadamente. Teniendo a la vista lo sucedido en el gobierno de Toledo, resulta imprescindible, como concluye el documento comentado, «volver a hacer un recuento de los sectores que, desde el Estado y la sociedad, quieren impulsar un cambio, para comenzar a desarrollar una alianza contra los que no lo quieren. En el Perú nunca se ha intentado una reforma del sistema de justicia partiendo de la premisa básica de establecer un acuerdo con clara orientación democrática entre determinados actores estratégicos».
El inicio de un nuevo gobierno es una nueva ocasión para intentarlo, aunque no se hayan dado hasta la fecha señales claras en este sentido. Ojalá se termine este compás de espera y se emprenda esta reforma.
(Alfredo Villavicencio Ríos)
Publicaciones
