Este martes 5 de noviembre se dieron cita diversas personalidades en el Instituto de Defensa Legal (IDL), con motivo de la presentación de la investigación Carga y Descarga procesal en el Poder Judicial, 1996 - 2005. De lo general a lo particular, de lo cotidiano a lo preocupante , realizada por el economista Wilson Hernández Breña y por encargo del consorcio Justicia Viva.
Lo importancia de esta investigación, entre otros puntos, es que pone la mirada en un problema que por años ha sido señalado como uno de los principales motivos de la ineficiencia del Poder Judicial y su descrédito ante la ciudadanía: la carga procesal. Siendo esto así, es que se decidió investigar este tema señalado como estructural, bandera tantas veces enarbolada por las autoridades judiciales para solicitar aumento de su presupuesto, y problema que las mismas han intentado solucionar insistentemente con la creación de más juzgados. Se trata, pues, de vislumbrar las verdaderas razones de la elevada carga procesal, y si las medidas tomadas por las autoridades es eficaz.
¿Es que los jueces resuelven poco, o es que la carga de trabajo que ingresa cada año es excesiva?, ¿realmente se sabe a qué se debe el aumento de la carga de expedientes, o por qué la misma no se reduce considerablemente cada año? De la presentación (ver: documento), se descubre que el tipo de expedientes que crece cada año (y que representa un gran porcentaje de la carga total del Poder Judicial), no son los casos nuevos que ingresan cada año, sino aquellos que se arrastran de años anteriores . Por ello, es que las medidas de las autoridades y jueces debe apuntalar a revaluar la gestión del proceso y del despacho judicial (manejo administrativo, resolución oportuna de dificultades en el trámite del proceso, aprovechamiento de recursos materiales, adecuada atención, etc.), y no centrarse en la creación de más dependencias judiciales, ya que de no tener en cuenta la gestión, no harán sino reproducir los defectos de las ya existentes.
Carga y descarga procesal 1996 - 2005
Fuente: Página web del Poder judicial, Información proporcionada por el PJ.
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.
Ésta, si bien es sólo una de las constataciones objetivas que la investigación ofrece, creemos que es la principal, ya que descubre que las decisiones tradicionalmente adoptadas por las autoridades no han sido ni son (por lo general) por sí solas eficaces, o por lo menos, deben necesariamente ser complementadas con otras que ataquen estructuralmente el problema de la creciente carga judicial. Esta idea, a su vez, fue constatada por los comentaristas de la investigación: la Dra. Beatriz Boza, de la institución Ciudadanos al Día; el Dr. Juan Carlos Valdivia, Viceministro de Justicia; y Julio Gamero, de Catholic Relief Services; quienes además hicieron hincapié en otras importantes reflexiones.
En efecto, se señaló que estudios como éstos, que se asemejan a una "radiografía" de los procesos y problemas que padece nuestro sistema de justicia, son imprescindibles. Toca invertir tiempo y recursos en ellos, interpretarlos y tomar decisiones de acuerdo a tales diagnósticos; algo en lo que por cierto no se asignan considerados esfuerzos. ¿Cómo la medicina sanará la enfermedad si no se sabe exactamente de lo que se padece? Esta tarea, creemos, no sólo depende del Estado, sino que también es problema de los integrantes de la sociedad civil, como las universidades (por ejemplo).
Por otro lado, se indicó que se evidencia: (i) la necesidad de un cambio de "paradigma" a fin de lograr productividad (es decir, cambiar por soluciones reales las soluciones tradicionales: enfoquemos nuestros esfuerzos por reducir los expedientes por resolver); (ii) que dicho cambio se dará, además, si se ve a la actividad judicial como una verdadera prestación del servicio de justicia y que esforzarse por reducir la carga es un medio para ello; (iii) que la función social del juez es la predictibilidad (y que, entonces, quienes acudan al Poder Judicial no cuenten al azahar como un factor para la resolución de su proceso); y (iv) que en todo este problema, ciertamente los abogados y los litigantes tenemos una cuota de responsabilidad (en efecto, eso sucede al interponer recursos innecesarios para alargar el proceso, por ejemplo).
Además de lo anterior, se pudo constatar de acuerdo a las cifras presentadas que, de no tomarse medidas efectivas, la brecha creciente entre carga procesal total y capacidad del Poder Judicial puede hacer que en unos años nuestro sistema colapse. Es pues, necesario que se rompa con el mito de que la solución pasa principalmente (o solo) por la creación de más juzgados. ¿Cuándo puede ser una oportunidad para al fin romper con este mito generalizado? La elección de nuevas autoridades en el Poder Judicial es propicia para que los elegidos hagan realidad este cambio fundamental para tal problemática estructural.
Pero el estudio estadístico de problemas del sistema de justicia, como la sobrecarga judicial, no sólo ayuda a que se tomen las decisiones correctas para comenzar a contrarrestarlos. El otro efecto, es que tiende puentes entre el Estado (en este caso, el Poder Judicial) y el ciudadano: esta "radiografía" del proceso de acumulación de la carga procesal, permite que entendamos y tengamos una mejor idea de lo que sucede dentro del PJ y sus problemas; lo que sin duda desmitifica un tanto al juez como el causante o el único causante de la mala imagen del PJ, y hace visible la maquinaria estructural que también es parte del problema. Además de esto, es relevante cómo es que el ciudadano se involucra en la búsqueda de soluciones a las taras del sistema de justicia a través de investigaciones como ésta, aportando con diagnósticos objetivos y cuestionamientos a medidas que no han sido eficientes, sino que además, los vuelve en sujetos que efectivamente ejercen su ciudadanía al comprometerse con la mejora de un sistema de justicia que también es suyo, porque, entre otras razones, su buen o mal funcionamiento lo afectará sin duda de una u otra manera.
Por cierto, no podemos dejar de señalar que el autor precisó que, para avanzar en estudios de este tipo, que contribuyen al cambio del sistema de justicia a través de buenas decisiones de las autoridades, a la identificación del ciudadano con su Estado, y al surgimiento de nuevas interrogantes (por ejemplo, ¿cuáles son los criterios por los que a tal cantidad de habitantes se le asigna tal cantidad de jueces? ¿realmente es un criterio planificado o al azahar que marca las desigualdades entre la población?); es imprescindible que el Poder Judicial permita el acceso a la información y que, además, elabore la necesaria data para realizar los diagnósticos. Asimismo, es necesario que se realice este tipo de "radiografías" continuamente, a fin de hacer seguimiento a la evolución del sistema luego de las medidas que se vayan a adoptar. Por lo pronto, sirva este esfuerzo desde la sociedad civil para dar pasos cualitativos en la problemática de la carga procesal.
(Cruz Silva Del Carpio)
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