El 2 de diciembre el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso de la República diversos proyectos de ley, con carácter de urgente, referidos a la administración de justicia. Queremos comentar el que instituye los "jueces ciudadanos" en la administración de justicia en materia penal (ver: proyecto de ley).
Al respecto, la idea de fomentar la participación ciudadana en la administración de justicia es, de por sí, atinada y merecedora de nuestro apoyo. Después de todo, una de las visiones más sesgadas que sobre la solución de controversias jurídicas existe, es aquélla que refiere que éste es un tema que sólo concierne a los magistrados y a los abogados, o a quienes tienen formación jurídica.
Es probablemente esta idea una de las causas de la crisis de credibilidad en la que se encuentran la mayoría de las instituciones del sistema de justicia, las cuales paulatinamente se han ido alejando de las necesidades de la población ya sea porque han incurrido en una serie de formalismos, o porque cuando abordan los conflictos no los resuelven necesariamente, porque no se dirigen a las causas reales de los mismos.
El proyecto de ley que crea los jueces ciudadanos pretendería superar esta brecha entre el servicio de justicia y la población, promoviendo un equilibrio entre la argumentación jurídica y el sentido común de la sociedad, de manera que la resolución del conflicto penal no se impregne de tecnicismos y, más bien, se nutra de un lenguaje común entendible por la sociedad. Cabe acotar que en la región existe esta experiencia en Bolivia, desde el año 2000, cuando empezó la vigencia del Código de Procedimiento Penal y se buscó democratizar y transparentar la justicia penal a través de la incorporación de ciudadanos en los tribunales de sentencia.
Sin embargo, así como creemos en la participación ciudadana, consideramos que los esfuerzos de las autoridades que apuntalen este objetivo no deberían empezar de cero, sino, fortalecer lo que ya existe en el país y que lamentablemente no ha sido apoyado desde el Estado. Nos referimos a instituciones de fuerte arraigo local como la justicia de paz, que a nuestro modo de ver, es la mejor expresión de involucramiento de la población en la administración de justicia.
Debe tenerse presente que el juez o jueza de paz es una persona como muchas, que ha sido elegida por la población, y que por tanto tiene el derecho de revocarla si no cumple adecuadamente sus funciones. Se trata, entonces, de una persona que no tiene formación jurídica y aquí radica precisamente su fortaleza, ya que para resolver conflictos utiliza su sentido común sustentándose en las costumbres locales, que muchas veces son más sabias y útiles que la aplicación de normas jurídicas ajenas a la realidad.
Los jueces de paz existen desde que se fundó la República, son por ello una de las instituciones medulares de la administración de justicia peruana que, lamentablemente, han sido ignoradas paulatinamente por las autoridades estatales y por los operadores de Derecho, reacios a tolerar mecanismos de resolución de conflictos que no se sustenten en la aplicación de la ley.
Asimismo, si bien los jueces y juezas de paz están asentados básicamente en zonas rurales, también existen en zonas urbano-marginales, pero es precisamente por el abandono estatal, que deberían ahora ser motivo de atención y no de postración. En tal sentido, siendo coherentes con la propuesta del Poder Ejecutivo, debería realzarse esta figura y dictarse medidas concretas para fortalecer la labor de la justicia de paz, ampliando sus competencias, otorgándole un presupuesto en cada corte superior y capacitándolos apropiadamente. Sólo así se contribuirá seriamente a democratizar la administración de justicia e institucionalizar la participación ciudadana.
Finalmente, una razón adicional para apoyar prioritariamente a la justicia de paz radica en que todos los estudios y recomendaciones para modernizar la administración de justicia, así lo han enfatizado. Por ello, bien haría el Gobierno en ser coherente con estas propuestas que atienden lo medular de las necesidades de justicia del país.
(Javier La Rosa Calle)