El ex presidente de la República, Alejandro Toledo, no será investigado por el Ministerio Público, a pesar de las denuncias por la presunta comisión de los delitos de peculado y colusión durante su gobierno. La razón de ello, es que la Fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, declaró improcedente el recurso de reconsideración presentado por el procurador Gino Ríos, frente a la primera resolución de la fiscal que disponía retener las cinco denuncias interpuestas contra el ex mandatario, sin abrir investigación.
El fundamento principal de la doctora Bolívar para desestimar las denuncias en contra de Alejandro Toledo es que éste goza de la prerrogativa del antejuicio constitucional, figura especial contenida en el artículo 99 de la Constitución Política. En la referida norma, se establece que co rresponde a la Comisión Permanente del Congreso acusar ante el Pleno, a diferentes funcionarios del Estado, durante y hasta cinco años después de que haya culminado su gestión. Estos funcionarios son: el Presidente de la República, los congresistas, los ministros de Estado; los integrantes del Tribunal Constitucional; los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura; los vocales de la Corte Suprema; los fiscales supremos; la Defensora del Pueblo y el Contralor General, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones.
Con esta decisión de la Fiscal de la Nación, no sólo queda sin efecto el pedido del procurador Gino Ríos para que se impida la salida del país al ex presidente Toledo, sino que incluso la solicitud de detención preventiva para la ex primera dama de la Nación, señora Eliane Karp (La Primera, 02/12/06).
Cabe señalar que Alejandro Toledo estuvo pocos días en Lima para presentarse en el CADE 2006, y aprovechando su presencia en Lima fue citado por la Comisión del Congreso que investiga su gobierno, en especial lo concerniente al caso de la carretera Chimbote - Cabana; oportunidad en la que, según algunos medios de prensa, la referida comisión del Congreso no estuvo preparada para interrogarlo. El ex presidente, incluso, aprovechó esta presentación para señalar que era víctima de una persecución política, pero que a pesar de todo iba a asistir las veces que sea llamado.
Pero eso no fue todo lo que pasó. Lo cierto es que fue tal la actividad del ex presidente que incluso se dio tiempo para señalar que iba a denunciar al procurador Ríos Patio. "El señor procurador Ríos va a ser enjuiciado hasta el fondo, porque tengo información sobre falsedades fabricadas deliberadamente. Ha dicho que Toledo es más corrupto que Fujimori. Yo quiero que me lo pruebe", dijo tras presentarse en el Congreso (Correo, 03/12/06).
En suma, a la fecha y más allá de las diferentes declaraciones del procurador Gino Ríos, no existe ninguna investigación fiscal que amerite alguna medida de coerción contra el ex presidente. Es más, la resolución emitida por la Fiscal de la Nación, en el sentido que no se le va a investigar mientras no se realice un antejuicio constitucional, pone sobre el tapete la real dimensión del estado de la cuestión en lo que a Alejandro Toledo se refiere.
Por supuesto, creemos que la procuraduría que dirige Gino Ríos, en vez de estar diciendo que el ex presidente Toledo fue más corrupto que Fujimori -acusación gravísima-, debería estar avocado a conseguir las pruebas e indicios que permitan establecer la presunta responsabilidad del ex mandatario, proporcionando tales resultados al Ministerio Público y al Congreso para que por cuerdas separadas se puedan iniciar las investigaciones correspondientes que permitan probar o demostrar los ilícitos que se le atribuyen.
(Antonio Salazar García)
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