A pesar que existe consenso en los diversos sectores estatales y académicos que la falta de acceso a la justicia es uno de los problemas más serios que afectan la gobernabilidad democrática, poco es lo que se ha avanzado para afrontar este drama que padecen buena cantidad de ciudadanos.
En nuestro país, abordar este asunto resulta insuficiente si no se toma en cuenta las necesidades de la población rural y la diversidad geográfica y cultural prevaleciente, lo que significa, en la práctica, la existencia de diversas barreras que impiden acceder a un remedio eficaz que resuelva los conflictos de relevancia jurídica.
Precisamente, para promover una reflexión y balance acerca de cómo el derecho al acceso a la justicia se efectiviza o no en el ámbito rural, se ha llevado a cabo en el Instituto de Defensa Legal el evento reseñado en el título de esta nota. En efecto, durante tres días (del 28 al 30 de noviembre) diversas personalidades de organizaciones no gubernamentales, de las universidades, del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial participaron de esta reflexión interdisciplinaria, y formularon importantes apreciaciones sobre diversas experiencias innovadoras de metodologías de trabajo que permitan atender a grupos marginados de este derecho a la justicia.
Como parte del debate, se promovió una reflexión acerca de lo que significa el diseño de una política pública sobre acceso a la justicia, precisándose el trasfondo ideológico que existe detrás de este concepto. Es decir, si sólo se considera como acceso al incremento de la oferta estatal de administración de justicia, o si también está dentro de dicha noción el reconocimiento de todos los mecanismos de justicia comunitaria y de resolución de conflictos que existen a nivel nacional.
La opinión mayoritaria fue en el sentido que, para nuestro país, hablar de acceso a la justicia significa incorporar todos los medios posibles que permitan al ciudadano obtener válidamente la satisfacción de una pretensión jurídica, con lo cual se admitiría no solamente a los tribunales de justicia, sino también a las autoridades de justicia comunitaria y a los medios alternativos de resolución de conflictos.
Consideramos que eventos como el reseñado contribuyen a visibilizar uno de los aspectos más importantes de cualquier esfuerzo reformador del sistema de administración de justicia, que más allá del discurso, pocas veces se lleva a la práctica.
(Javier La Rosa Calle)
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