El pasado 2 y 3 de diciembre, el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima realizó la "IV encuesta anual sobre confianza en las instituciones", un estudio que busca medir los niveles de confianza que tenemos los limeños con respecto a las distintas instituciones del Estado. Como era de esperarse, los resultados no son ni innovadores ni halagadores para el general de las instituciones del sistema de justicia materia de la encuesta.
Con respecto a la Defensoría del Pueblo, institución preocupada por proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad y de supervisar el cumplimiento de los deberes del Estado, el nivel de confianza que los limeños depositan en ella logra alcanzar casi un 50%, siendo el rango exacto de confianza ciudadana depositada en la Defensoría del Pueblo el de 46.4%.
Por su parte, el Tribunal Constitucional, órgano autónomo encargado de velar por la constitucionalidad tanto de las normas como de los actos estatales, goza de un nivel de confianza ciudadana que llega al 31.8%.
Asimismo, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, órganos estatales directamente ligados a la impartición de justicia y a la sanción de todo ilícito que se cometa en el territorio peruano, se ven tan poco respaldados por la ciudadanía limeña que los niveles de confianza de la ciudadanía hacia dichos órganos son de 25.3 % y 15.2%, respectivamente.
El fin de año 2006 queda marcado, entonces y por lo general, por el descontento general de los limeños para con la labor que realizan las instituciones de justicia, por la desconfianza hacia las referidas instituciones y por haber sido un periodo más caracterizado por la inacción estatal para promover reformas reales.
Lo único que queda por mencionar sobre este año es que lo principal que debemos cambiar para el próximo 2007 es la voluntad política o, mejor dicho, la inexistente voluntad política para promover de manera seria y sensata cambios estructurales en nuestro país. Esperamos que el próximo año no sea más un año perdido por la indiferencia estatal hacia las necesidades ciudadanas y confiamos en que los responsables de la reformas prometidas serán, principalmente, los presidentes de los tres poderes del Estado, Alan García Pérez, Mercedes Cabanillas Bustamante y Francisco Távara Córdova.
(Vasco Mujica Roggero)