Cada 10 de diciembre se celebra el día internacional de los derechos humanos, en conmemoración a que en esa fecha, hace 58 años (1948), la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, paso trascendental para el reconocimiento y positivización de nuestros principales derechos. Pese al escepticismo de mucha gente en torno al grado de vinculatoriedad de la Declaración, y el retroceso en el tema tras el inicio de la llamada lucha contra el terrorismo mundial, iniciada después del 11 de septiembre de 2001; lo cierto es que con la aprobación de este documento, los derechos consagrados en la Declaración Universal han sido ampliados y precisados en numerosos tratados internacionales, y en los ordenamientos jurídicos estatales. Ahora contamos con derechos fundamentales: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que aspiran a ser inalienables, universales y absolutos.
Sin duda, se ha avanzado cualitativamente en la lucha por la vigencia de los derechos fundamentales a nivel mundial, definitivamente no estamos como hace 50 años. Empero, es claro que aun falta mucho por hacer en esta materia. Por ejemplo, la ONU, el año 2000, se trazó como objetivos: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) lograr la enseñanza primaria universal; 3) promover la igualdad de los sexos y la autonomía de la mujer; 4) reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y, 8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Objetivos para el milenio que deberán cumplirse en los próximos 10 años. Sin embargo, aunque estos objetivos resultan importantes, y representan gran parte de las aspiraciones e ideales de la población y de los defensores de derechos humanos; la verdad es que es muy difícil que se cumplan en tanto los Estados, a nivel interno, no adopten reales políticas de crecimiento; y, sobre todo, si todavía a la fecha estamos luchando porque graves casos de violaciones de derechos humanos civiles y políticos? también llamados "de primera generación"? referidos a la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de expresión, entre otros, no queden impunes en nuestros respectivos sistemas de justicia.
Y es que los derechos humanos sin un adecuado sistema de garantías y sin una apropiada tutela judicial efectiva son derechos sobre el papel. Ya que, pese a lo extremo de la frase, "más allá de su proclamación, aún cuando sea de rango constitucional, un derecho no garantizado no sería un verdadero derecho" [1] .
En consideración a esto y ante la marcada incapacidad, inercia e inactividad de los fueros judiciales internos (por cierto algunos más que otros), es que a nivel internacional se crea la Corte Penal Internacional de Justicia y los sistemas regionales de protección de los derechos humanos como el Interamericano, Europeo y Africano, los que, pese a todas las dificultades, se han convertido en importantes órganos para combatir la impunidad ante las graves violaciones a los derechos humanos.
Ya la otrora Comisión de Derechos Humanos de la ONU (ahora Consejo de Derechos Humanos), señalaba en su resolución 2005/30, del 19 de abril del 2005, que "la integridad del sistema judicial es un requisito previo indispensable para proteger los derechos humanos y para garantizar la no discriminación en la administración de justicia" e instaba a los Estados a cumplir con Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura aprobado en 1985.
Aunque en nuestro país se ha avanzado ampliamente en lograr una justicia independiente e imparcial, comparada con el 'modelo' establecido en la época fujimorista; lo cierto es que todavía está muy lejos de adecuarse a los estándares internacionales. A modo de ejemplo, un sistema de justicia: (i) con un 80% de desconfianza ciudadana [2] en su principal órgano de justicia (el Poder Judicial), (ii) con la existencia de una justicia militar de régimen inconstitucional, (iii) con problemas de acceso a la justicia, (iv) con graves dificultades de carga procesal, (v) con permanentes escándalos de corrupción, (iv) con una excesiva provisionalidad en su más alta instancia jurisdiccional (Corte Suprema), (v) reacio -en algunas instancias- a acatar precedentes vinculantes dados por el órgano encargado de interpretar los principios constitucionales (el Tribunal Constitucional), y (vi) con el mayor número de sentencias condenatorias por violaciones de derechos humanos, en el ámbito del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, sin duda refleja a un sistema de justicia en crisis.
Lamentablemente las autoridades políticas y judiciales no quieren darse cuenta del trascendental rol que pesa sobre los operadores jurídicos y las instituciones de justicia en la afirmación de los derechos fundamentales y el sistema democrático en general. Esperemos que ahora, con el nombramiento de un nuevo Presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, y con una reforma constitucional en materia de justicia próxima a ser discutida en el Congreso, la problemática judicial tenga un rol trascendental en la agenda de desarrollo del país. Pues sólo con instituciones judiciales íntegras, eficaces y justas, podremos lograr un verdadero Estado democrático de derecho, que se encargue de hacer respetar la dignidad y por ende los derechos humanos de la ciudadanía.
(Lilia Ramírez Varela)
[1] Cfr. , Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, [1999], 2001, p. 59
[2] Encuesta de Apoyo (Justicia Viva), septiembre del 2005; encuesta de la Universidad de Lima, octubre del 2006.
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