Esta semana la Defensoría del Pueblo (DP) presentó el Informe Defensorial Nº 112 titulado "El difícil camino de la reconciliación. Justicia y reparación para las víctimas de la violencia" (ver: presentación de la Defensoría del Pueblo).

Entre los temas abordados se encuentran el referido a las instancias especializadas en la judicialización de causas de violaciones de derechos humanos, el estado actual de este tipo de procesos penales, el reporte de posibles casos de tortura y tratos crueles y degradantes cometidos por las fuerzas armadas y policiales, así como el de la implementación del plan nacional de reparaciones, entre otros.

En lo referido a judicialización, la DP señala que entre setiembre del 2005 y noviembre del 2006 hay algunos avances en el subsistema especializado de derechos humanos. Entre ellos menciona el hecho que el Juzgado Penal Supraprovincial de Ayacucho haya sido designado para conocer casos de violaciones de derechos humanos de manera exclusiva, y la disminución del número de jueces provisionales que tienen a su cargo tales casos. Ello no obstante, la DP también anota algunas dificultades y problemas en relación a este subsistema: las disposiciones normativas que establecen la competencia nacional de los juzgados supraprovinciales para casos en los que estén comprendidos tres o mas agraviados generan una centralización de causas en Lima (y afectan el derecho de acceso a la justicia, el de igualdad de oportunidad de las partes, el principio de inmediación, entre otros), la ausencia de criterios claros y definitivos para la determinación de las competencias de las fiscalías y la falta de apoyo logístico a los magistrados.

En cuanto al estado actual de los 59 casos de violaciones de derechos humanos que la DP supervisa, el Informe revela que 29 de ellos se encuentran en investigación preliminar, pese a que son de conocimiento del Ministerio Público hace más de 3 años, lo que estaría vinculado al hecho de que solo 3 de las 11 fiscalías que tienen a su cargo estos casos se dedican a ellos a exclusividad, y a la ausencia de un plazo determinado para culminar con la investigación preliminar o la inadecuada estrategia de investigación; 15 casos se hallan en etapa de instrucción judicial, y revelan una demora procesal imputable a la falta de impulso de los magistrados; 7 están en pleno juicio oral; 2 causas han sido archivadas; y 4 tienen sentencias de primera instancia (1 absolución y 3 condenas, las de Lucanamarca, Pichanaki y Castillo Páez).

Analizando las dificultades en el proceso de judicialización, la DP advierte la dilación excesiva en las investigaciones fiscales y judiciales, el todavía incumplimiento de los mandatos judiciales de detención de los imputados, la indebida actuación del Consejo Supremo de Justicia Militar al reclamar competencia casos sobre 11 casos de violaciones a los derechos humanos, las crecientes amenazas a los abogados de las víctimas y la ausencia de una ley marco de protección a testigos, víctimas y defensores de derechos humanos.
(Natalia Torres Zúñiga)