Esta semana una Delegación oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha visitado nuevamente el Perú, a fin de recabar opiniones e información actualizada sobre la vigencia de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia en el país. La delegación ha estado encabezada por el comisionado Paolo Carozza, encargado de los casos del Perú; Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH, entre otros funcionarios, quienes se han entrevistado con altas autoridades y con organizaciones de sociedad civil.

Pocos lo saben o recuerdan, pero la CIDH emitió el año 2000 un Informe a favor de Alan García Pérez y en contra de lo que en ese momento la CIDH consideró una persecución por parte del fujimorato. Qué paradójico resulta que ahora, tan sólo seis años después, la CIDH se haya entrevistado con el ahora Presidente de la República Alan García, que insiste en sus propuestas de reimplantar la pena de muerte en el país contra violadores de menores y terroristas. Bien sabe el señor Presidente -pues él ha sido peticionario ante la CIDH- que, aunque con cierto apoyo popular, dicha medida acarrearía un nuevo y serio impasse con el sistema interamericano de derechos.

Qué extraño le debe haber resultado también a la Delegación de la CIDH, que tan solo seis años después, el antes perseguido del fujimorato, tenga ahora -según crecientes indicios y gestos políticos- una alianza con la bancada de Fujimori, nada más ni nada menos el ex presidente que pretendió salirse de la competencia de la Corte interamericana, el otro gran órgano del sistema.

La visita de la CIDH a nuestro país es muy oportuna pues ha venido, entre otras cosas, a presentar su reciente informe sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el continente. Si recordamos el Comunicado de la CIDH Nº 42/06 del pasado 3 de noviembre, en él señaló que "recibió información sobre el Proyecto de Ley 25/2006-PE que modificaría la Ley 27692 de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que en caso de ser aprobado podría afectar negativamente la labor de las organizaciones de derechos humanos", podemos concluir que uno de los motivos de preocupación y seguimiento por parte de la CIDH en relación al Perú será muy probablemente la Ley Nº 28925, la ley anti-ONG, en el sentido que puede afectar sustancialmente la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Qué lamentable pues que esta vez, un Presidente que fuera peticionario de la CIDH, reciba a una Delegación de ésta con dos presentes griegos: la propuesta de la pena de muerte y la ley anti ONG. Mal comienzo con el sistema interamericano de un Presidente que pretende erigirse como el líder demócrata en la región andina, en contrapeso a liderazgos autoritarios como el de Hugo Chávez. ¿O ya habrán fumado la pipa de la "pax" en Bolivia?
(David Lovatón Palacios)