Pese a que en los últimos años es innegable la existencia de un cierto avance en el tratamiento del pasado (derogación de leyes de impunidad, asimilación judicial del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, inicio de procesos contra mandos medios o personal de tropa de las fuerzas armadas e imposición de algunas sanciones penales), en América Latina aún es larga la lista de los violadores a los derechos humanos a los que la muerte alcanza antes que la justicia, sobre todo tratándose de quienes dirigieron la política de terror desde palacio de gobierno, al cual llegaron vía elecciones o asaltando el poder a sangre y fuego.
Mientras la justicia se toma su tiempo, no se decide o no puede enfrentar de raíz a los dictadores, su herencia y su entorno, en suma, su impunidad; la muerte no espera, no conoce de componendas o miedos, no distingue entre ejecutores directos y generalísimos, supremos o mandones. No se detiene (Rubén Blades dixit). Lo confirman los casos de Stroessner, muerto en agosto pasado, y Pinochet, hace unos días. Lástima, porque como enfatiza el juez Garzón, las víctimas se merecen una sentencia.
Stroessner fue un dictador de larga data (1954-1989), responsable de la muerte y desaparición forzada de 1,000 ciudadanos, y del exilio de dos millones de paraguayos, decenas de ellas en el marco de la "Operación Cóndor"; colaboró con el régimen de Pinochet en la cobertura a los agentes de la DINA que ingresaron a Estados Unidos para dar muerte a Letelier; jamás se arrepintió de sus crímenes y robos; fugó a Brasil, donde fue acogido por los militares; posteriormente procesado en ausencia en Paraguay (y en Francia, Suiza, Italia y Alemania) por crímenes de lesa humanidad. Murió nonagenario, antes de que se le pudiera llevar a los tribunales de justicia. Fue el 16 de agosto de este año, en Brasilia, mientras en Asunción -ironías de la vida- se inauguraba el Museo de la Memoria, la Dictadura y la Democracia, exactamente en el mismo lugar donde funcionó "La Técnica", uno de los más terribles centros clandestinos de torturas bajo su administración.
El caso de Pinochet, pese a todo, no es distinto. Encabezó también una dictadura prolongada (1973-1990) y sangrienta: 3,197 desa parecidos y asesinados, no pocos en ejecución del "Plan Cóndor" (Informe Rettig y Comisión de Reparación y Justicia), así como 27,255 torturados (Informe Valech). Ante la inacción de la justicia mapocha, fue procesado en España por el juez Garzón con base en el principio de jurisdicción universal, detenido en Londres a su pedido y con fines de extradición (octubre de 1998); y aunque la Corte concedió la petición por los delitos de tortura y conspiración para cometerla, la política inglesa negó la extradición, por razones humanitarias (octubre 1999). Una vez en Chile, los tribunales empezaron a procesarlo lenta y angustiosamente por torturas, asesinatos y desapariciones (Caravana de la Muerte, Operación Cóndor, Operación Colombo, Villa Grimaldi). Murió nonagenario, sin haber escuchado nunca un fallo que formalmente lo declarara autor de los crímenes que perpetró, gracias a la estrategia obstruccionista de su defensa y la debilidad de la administración de justicia que estrecharon la mano para no sentarlo en el banquillo.
Irónicamente murió el 10 de diciembre, fecha en que a nivel internacional se celebra el día de los derechos humanos.
Claro que Sttroessner murió olvidado, mientras que Pinochet falleció cercado por las acusaciones de derechos humanos, pero sobre todo por las imputaciones de corrupción que salieron a la luz pública en los últimos años (cuentas secretas por 27 millones de dólares en el Banco Riggs). Los dos, condenados por la historia.
Por cierto, la muerte de ambos no importa el cierre de los procesos ni el reino de la impunidad. La justicia todavía puede reivindicarse y proceder (o proseguir las causas) contra todos aquellos que en el esquema de los dictadores ejecutaron los crímenes. En Chile y Paraguay. En otros países, también. Francia, por ejemplo, tiene un proceso abierto contra 17 militares chilenos responsables de la desaparición de cuatro nacionales entre 1973 y 1975.
Tras el tema de Pinochet y teniendo en cuenta la aún no resuelta solicitud de extradición de Alberto Fujimori, Chile y Perú, y específicamente nuestras justicias, deben entender que la lucha contra la impunidad es condición indispensable para el fortalecimiento de la democracia y la convivencia ciudadana, que en tiempos de la globalización la justicia es una, que todos debemos colaborar para no dejar sin castigo los delitos de lesa humanidad y, finalmente, que el derecho de las víctimas y sobrevivientes de Barrios Altos y La Cantuta a acceder a la justicia se verificaría y aseguraría mejor si es que los hechos continúan siendo juzgados en el lugar en que se perpetraron, donde se hallan los sobrevivientes, domicilian los testigos y donde, en general, existe una mayor y mejor información de los hechos. Donde, además, los órganos de la administración de justicia ya iniciaron el procesamiento, reunieron el material probatorio e interrogaron a los testigos.
Sólo así estaremos en condiciones de no repetir que ¡La muerte le ganó a la justicia", como ha dicho francamente el maestro Benedetti a propósito de Pinochet.
(Ronald Gamarra Herrera / Sofía García Carpio)
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