Ceremonia de Premiación de concurso convocado por la CEPAL, con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg. Premiadas iniciativas de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú
Entre mil trescientas iniciativas presentadas de toda América Latina y el Caribe, y luego de un año de arduo proceso de selección, el Programa de Defensorías Comunitarias del Cusco fue elegido como ganador del concurso Experiencias en innovación social , este viernes 10 de noviembre en la ciudad de México.
El concurso tiene como finalidad identificar y promover la réplica creativa de iniciativas sociales innovadoras que permitan fortalecer la participación activa de la comunidad, la ciudadanía y, la democracia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el decidido apoyo de la Fundación W. K.-Kelloggs, organiza este concurso anualmente con el objetivo de identificar iniciativas innovadoras que contribuyan a mejorar las prácticas y las políticas sociales en beneficio de la población de los países de la región. El comité de notables a cargo de la evaluación de los proyectos, estuvo conformado por Marta Maurás, Nohra Rey de Marulanda y Eduardo Amadeo. Las Defensorías Comunitarias del Cusco, el proyecto ganador, presentó los mayores niveles de innovación, replicabilidad, sostenibilidad y posibilidades de ampliar su escala de cobertura.
Martha Galarza, Presidenta de la Coordinadora Departamental de Defensorías Comunitarias del Cusco (CODECC) y Rocío Franco Valdivia, responsable de la conducción del proyecto, tuvieron la responsabilidad de representar esta iniciativa que el Instituto de Defensa Legal (IDL) viene impulsando desde 1999, y hoy retornan como ganadoras con el primer puesto de este concurso. Además del reconocimiento al esfuerzo voluntario y gratuito de más de cuatrocientos defensoras comunitarias del Cusco, este triunfo permitirá destinar 30 mil dólares para apoyar su labor.
¿Qué son las Defensorías Comunitarias?
Es un servicio de defensa y promoción de derechos, basado en una estrategia de empoderamiento de la mujer. Se trata, quizás, de una de las políticas más importantes en el campo de la lucha contra la violencia familiar y el maltrato infantil. Las Defensorías Comunitarias forman parte del Sistema de Atención Integral al Niño y al Adolescente, regido por el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social (MIMDES) y cuentan con un marco legal que las respalda. Dentro de las comunidades, se reconoce a las defensoras un rango de autoridad pública, aún cuando no dependen orgánicamente del Ministerio.
La mayoría de las Defensorías Comunitarias están ubicadas al interior del país, y atienden a un público sumamente diverso. Pueden estar tanto en un caserío en Cajamarca, como en una comunidad campesina de las provincias altas de Cusco, o en medio de una comunidad nativa en San Martín. Niñas y niños de cualquier edad, mujeres víctimas de violencia o varones pueden acudir a este servicio y siempre encontrarán una sonrisa amable dispuesta a escucharlos y orientarlos para hacer cumplir sus derechos. Un estudio reciente en Cusco encontró que las Defensorías Comunitarias cuentan con un 90% de satisfacción de sus usuarios, tienen un alto grado de efectividad en sus casos e incrementan el conocimiento que las personas tienen acerca de los derechos de la mujer, las niñas y los niños.
¿Cuál es su secreto?
Un hecho importante a resaltar, que distingue a las Defensorías Comunitarias de los otros modelos de Defensoría del Niño y Adolescente, es que q uienes brindan este servicio son gente de la comunidad, elegida por la comunidad por su capacidad de liderazgo y la confianza que inspiran. Conocen a la gente, comparten su cultura, hablan su idioma y saben ejercer su autoridad con espíritu equitativo. En su gran mayoría, se trata de grupos de mujeres, muchas de ellas campesinas que apenas han concluido la primaria. Ellas tienen una familia que atender y mantener económicamente, tienen hijos en edad escolar, pero aún así se las ingenian para encontrar tiempo, capacitarse y brindarlo desinteresadamente para defender los derechos de su comunidad.
Al inicio, las defensoras comunitarias, en su mayoría mujeres, sufrieron muchas críticas de parte de las autoridades. La desconfianza por su condición de pobres, campesinas y de escasos estudios se traduce en la frase de la señora Gregoria Guzmán, vicepresidenta de la CODECC, "Al comienzo nos decían: ¿qué van a saber ustedes campesinas ignorantes? Hasta que les hemos demostrado a las autoridades lo que valemos, ahora nos colaboran". Martha Galarza, presidenta de la CODECC, comentó cómo, gracias a su participación en este proyecto, ha recuperado sus ganas de superarse. Este año ha ingresado a la universidad y cumplirá su sueño de tener una profesión. "Descubrí que mi espacio, era mi derecho", dijo al concluir su presentación ante el jurado.
Cada año, las Defensorías Comunitarias del Cusco, con la asistencia técnica del equipo del IDL, atienden cerca de 1300 casos, 43% son por violencia familiar. Asimismo, a través de una diversidad de actividades, las defensoras llegan cada año a cerca de 11 mil personas promoviendo el conocimiento de las leyes y de sus derechos, en las comunidades más alejadas y pobres del Cusco. Tomando la violencia familiar como un problema que articula de forma transversal los derechos, y con la premisa de abandonar la ética de la compasión en el desarrollo de políticas sociales, las defensoras consiguieron levantar sus voces quechuas y enfrentan unidas la violencia contra la mujer. El jurado destacó el valor de sumar a toda la comunidad en el cambio hacia una vida mejor, vinculando a hijos, esposos, policías, jueces, profesores.
En efecto, el éxito de este proyecto radica en haber sabido aprovechar las capacidades locales y los enormes recursos de la comunidad. Para el IDL, está claro que la ciudadanía se construye sobre la condición de proporcionar iguales oportunidades para acceder a bienes socialmente relevantes. El derecho a la justicia y a una vida sin violencia, presupone la constitución de actores que ganen espacio político que posibilite una aplicación eficaz de los programas de ayuda social.
A través de la promoción de liderazgos críticos al interior de las comunidades y barrios, el círculo vicioso de la violencia se transforma en un círculo virtuoso de promoción y protección de derechos de las mujeres, niñas y niños del Cusco. Desde el año 2004, las actividades del proyecto se desarrollan en convenio con el Centro Bartolomé de las Casas. También se han desarrollado convenios con la Oficina de la Defensoría del Pueblo de dicha ciudad y con el Colegio de Abogados, permitiendo incrementar la eficiencia de la labor de vigilancia ciudadana de las Defensorías Comunitarias. Por lo pronto, esperamos que las autoridades locales, y demás operadores de justicia, sepan valorar en la misma medida que se ha hecho a nivel internacional, el aporte vital de las Defensorías Comunitarias por un mejor acceso a la justicia.
(Rocío Franco Valdivia, Christine Benoit)
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