"Habló la Justicia y se hizo justicia", palabras del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, pronunciadas al conocer la decisión judicial de mandato de detención contra el ex dictador Juan María Bordaberry por el asesinato de cuatro uruguayos residentes en Argentina.
El Juez Letrado en lo Penal de 11º Turno que sigue la causa, Roberto Timbal, ordenó el procesamiento y encarcelamiento del Bordaberry y de su canciller, Juan Carlos Blanco, como coautores responsables de cuatro delitos de homicidio especialmente agravado cometido contra dos ex senadores, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y también, contra dos militantes del movimiento tupamarista, Rosario Barredo y William Whitelaw. Ellos fueron secuestrados mediante un operativo del Plan Cóndor, y sus cuerpos sin vida aparecieron el 20 de mayo de 1976.
La Fiscal Guianze fue la que solicitó el procesamiento de Bordaberry y de Blanco, teniendo en cuenta la tesis de la autoría mediata, la misma que permite atribuir responsabilidad penal a un agente que tiene el dominio del hecho y actúa a través de otros. Como señala la fiscal, los crímenes realizados dentro de estructuras de poder presentan este patrón y no sólo están conformadas por militares, sino también por civiles.
Por su lado, el Ministro del Interior, José Díaz, indicó que el ex dictador y su canciller iban a permanecer en la cárcel Central, "sin ningún tipo de privilegio" y "separados". Ya que, se ha suprimido cualquier tipo de privilegio en materia penitenciaria (El País, 18/11/06).
Como es de recordar, el ex presidente y dictador de la República de Uruguay Juan María Bordaberry, disolvió el Parlamento y, mediante golpe de Estado, instauró un régimen dictatorial represivo con la ayuda de las fuerzas armadas, durante los años de 1973 a 1976. Durante esta época, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos dentro y fuera de Uruguay, mediante operaciones secretas acordadas entre oficiales argentinos y uruguayos, en el marco del Plan Cóndor.
Estas graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y policías no han podido ser llevadas ante un tribunal, debido a que se encuentran protegidos por una ley de amnistía -Ley de Caducidad-. Sin embargo, en la causa seguida contra Bordaberry y Blanco este hecho no lo ha afectado, toda vez que tal Ley de Caducidad no incluye los delitos cometidos en el exterior, ni ampara los mandos civiles. Debido a ello, es que en septiembre de este año, el Juez Luis Charles procesó por primera vez a ocho ex militares y policías por los delitos de privación de la libertad y asociación para delinquir, en el caso de Adalberto Soba, un uruguayo desaparecido en Buenos Aires en 1976 (Página 12, 17/11/06).
Por otro lado, Bordaberry y Blanco se encuentran inmersos en otro proceso penal por el delito de atentado a la Constitución, coautoría de privación de la libertad y homicidio. En dicho proceso la jueza a cargo, Graciela Gatti, ha ordenado la prohibición de salida del país al ex dictador. Ahora, sólo queda esperar que la Jueza se pronuncie por la detención (ver: El turno de Bordaberry, los desaparecidos rompen con la impunidad).
Finalmente, después de 30 años de impunidad, la justicia se impone en Uruguay: un ex dictador va a prisión. Por cierto, aún está pendiente la declaración de nulidad de la Ley de Caducidad, como de cualquier ley de amnistía que impida alcanzar la justicia.
(Sofía García Carpio)