En los últimos meses el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) viene llevando a cabo una reforma (ver: Reforma o reorganización total del Sistema Penitenciario), con la finalidad de lograr el desarrollo de la institución. Entre algunos avances, tenemos el anuncio de la privatización de los penales (ver: Privatización de los penales: ¿opción a largo plazo?) , y ahora la creación de la Defensoría del Trabajador Penitenciario.
La Defensoría antes mencionada ha sido creada por Resolución Presidencial del Instituto Nacional Penitenciario N° 687-2006-INPE/P, publicada el 21 de noviembre del 2006. Tiene la misión de garantizar los derechos humanos de los servidores del Instituto Nacional Penitenciario al interior de la propia institución, y asegurar su defensa en los procesos en los que sean comprendidos por el cumplimiento de sus actividades de función.
En ese sentido, cabría la pregunta: ¿por qué una defensoría para ellos? Para responder a ésta, debemos tomar en consideración que ellos realizan una labor delicada, como es la readaptación social de las personas que se encuentran recluidas en los establecimientos penitenciarios. El cumplimiento de su trabajo no es fácil, pues los expone a situaciones difíciles, en las cuales sus derechos pueden ser vulnerados. La norma de creación establece las funciones de esta institución. Entre ellas, figura la defensa de los trabajadores penitenciarios, la atención de quejas y peticiones formuladas por el personal penitenciario, la formulación de observaciones, comentarios y sugerencias relacionadas con la protección de los derechos del personal.
La defensa del personal del INPE no se llevará a cabo cuando exista delito flagrante, o cuando las pruebas señalen la presunta comisión del delito por parte de estos, por lo que la solicitud deberá pasar por una evaluación previa, lo cual nos parece aceptable ya que no se puede cubrir la defensa de malos funcionarios con dinero del Estado.
Finalmente, recordemos que esta institución sigue el modelo de la Defensoría de la Policía, que fue creada mediante D.S. N° 013-2002-IN del 23 de octubre del 2002, y surgió como respuesta al pedido de los policías de contar con un organismo que vele por sus derechos.
(Patricia Figueroa Valderrama)