Dos de los casos más importantes y emblemáticos del proceso actual de judicialización de violaciones a los derechos humanos, en los que el sistema de justicia está obligado a dar muestras de transparencia, imparcialidad e independencia, son, qué duda cabe, el asesinato de 118 internos que habría ocurrido por parte de algunos efectivos de la Marina en junio de 1986 (caso conocido como "El Frontón"); y, los crímenes cometidos por los integrantes del destacamento del EP "Colina". Cabe señalar que estos casos han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la intención de evitar que se siga violando y afectando el derecho de las víctimas y, sobre todo, para que se realice una verdadera investigación, determinación de responsabilidades y sanción a los responsables de tan execrables crímenes.
En el caso de El Frontón, ya en mayo del 2005 (ver: El Frontón: un caso que comienza a complicarse), hacíamos ver nuestra preocupación por la forma como se había iniciado la investigación judicial, la misma que, a pesar de la gravedad del crimen cometido, se había iniciado con mandato de comparecencia contra 11 integrantes de la Marina, todos ellos de menor jeraquía. En dicha oportunidad, señalamos que el rol del fiscal Mario Gonzáles habría sido evitar la denuncia contra el ahora presidente Alan García Pérez, su ex Vice Ministro del Interior Agustín Mantilla y su actual Vicepresidente Luis Giampietri, por los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada. Esto volvió a ocurrir en enero de este año, (ver: El Frontón: nuevamente intentan archivar investigación sobre Alan García) siendo García candidato a la Presidencia de la República, cuando se hizo pública una segunda resolución de archivamiento definitivo de las investigaciones en lo que a estos tres personajes se refiere. Por supuesto que estas resoluciones, a nuestro modo de ver, desconocían los elementos probatorios que incriminaban a dichos funcionarios. En dicha oportunidad señalamos la necesidad de que el controvertido fiscal Gonzáles sea apartado de la investigación, para que ésta se realice de manera independiente e imparcial.
Después de varios meses de cuestionamientos a la labor que realiza el fiscal Gonzáles, el viernes 17 de noviembre la Fiscalía de la Nación emitió la Resolución Nº 1459-2006-MP-FN , mediante la cual daba por concluido el nombramiento de Mario Gonzáles Díaz como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la Quinta Fiscalía Penal Supraprovincial, encargando el Despacho a la doctora Rosa Valdivia Rodríguez, Fiscal Adjunta Provincial Titular del mismo Despacho, mientras se designe al titular. Dada la naturaleza y características de este caso, recién en los siguientes meses podremos observar si es que efectivamente la investigación de los hechos se desarrollará bajo un estricto estándar de independencia e imparcialidad.
En cuanto al juicio contra el Destacamento EP "Colina", por los casos La Cantuta, Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa, también hay importantes noticias que resaltar. En primer lugar, que la Corte Suprema de Justicia ha ratificado a la Primera Sala Anticorrupción, que preside la doctora Inés Villa Bonilla, como la Sala encargada de continuar el juzgamiento de los integrantes del Destacamento EP "Colina", ello luego de desestimar un recurso de queja contra la referida Sala. Dicho recurso fue presentado por los generales Nicolás de Bari Hermoza, Julio Salazar Monroe y otros efectivos militares, sustentando que dicho colegiado ya tenía un criterio formado sobre el caso y que, por lo tanto, había perdido imparcialidad al haber emitido una sentencia de conclusión anticipada contra dos de los integrantes del Destacamento Colina. Otra noticia importante en relación a este caso, es que en las sesiones del caso Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa, los procesados Atúncar Cama y Tena Jacinto, acogiéndose a la confesión sincera, han reconocido la existencia del Destacamento EP "Colina" y que ellos formaban parte del mismo. Estos procesados señalaron en sus declaraciones la forma como se conformó el grupo, los crímenes cometidos y los nombres de los efectivos del ejército que formaban este destacamento militar.
Otra información importante sobre estos casos, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha programado para los días 28, 29 y 30 de noviembre (ver: comunicado), como fechas en las que deliberará, estudiará e incluso podrá hasta dictar sentencia sobre el fondo y eventuales reparaciones en el caso La Cantuta, cuyas sesiones, con presencia de la defensa del Estado y de los representantes de las víctimas, se llevaron a cabo a fines de setiembre del presente año. Esperamos que, nuevamente, la Corte Interamericana deje en claro la obligación del Estado peruano de garantizar una investigación imparcial que permita establecer la identidad de los verdaderos responsables de la desaparición y muerte de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, dejando sin efecto, para ello, las leyes de amnistía y los procesos judiciales realizados sin las garantías de un debido proceso para las víctimas y sus familiares.
(Antonio Salazar García)
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