La extradición de Fujimori ha entrado a la recta final. Eso lo sabe perfectamente la defensa del extraditable. Y sabe que esa batalla se define en Santiago, pero también en Lima. Por eso ha iniciado un plan para seleccionar los jueces que, en nuestra Corte Suprema, podrían juzgarlo. El primer paso ha sido apartar a César San Martín del tribunal que juzgaba a varios ex ministros fujimoristas por el autogolpe de Estado de 1992.
La defensa del extraditable, luego de varios meses de juicio oral y cuando aquél está por culminar, decidió recusar al vocal San Martín Castro bajo el argumento de una supuesta falta de imparcialidad por el hecho de que el magistrado fue parte del estudio de abogados Benites, Mercado y Ugaz, contratado por el Estado peruano para hacerse cargo de la Procuraduría Ad Hoc para los casos de Fujimori y Montesinos.
La resolución de primera instancia que declaró la improcedencia de la recusación fue impugnada y elevada ¿adivinen a qué instancia judicial?... a la Sala Penal Transitoria presidida por el magistrado Robinson Gonzales Campos. Allí, el vocal provisional César Vega Vega elaboró los fundamentos de la decisión suscrita también por el mismo Gonzales Campos, Daniel Peirano, Ricardo Vinatea y Alvarez Guillén. El fallo, acogiendo -cuándo no- los argumentos de la defensa del extraditable, arguye que efectivamente existe una falta de imparcialidad en la intervención de San Martín en el proceso judicial. O sea, la sala campeona en dictar resoluciones que benefician abiertamente a los mafiosos, acusa de parcialidad a un magistrado cuya trayectoria, en el tema anticorrupción, ha sido bastante respetable.
Conclusión 1: San Martín fuera del caso. Conclusión 2: si lo sacan de un caso, lo pueden sacar de todos las causas.
Curiosamente, días antes de que la Sala Penal Transitoria emitiera la resolución, el diario La Razón, de propiedad del condenado por corrupción Moisés Wolfenson, desplegó una típica campaña montesinista de demolición contra San Martín Castro. Inclusive el mismo día que se emitía la decisión, el congresista Rolando Souza se despachaba, cual abogado defensor del extraditable Fujimori, contra San Martín Castro.
En este asunto no debemos pasar por alto un hecho particularmente importante: el que San Martín Castro, luego de la detención en Santiago de Chile del extraditable, fue un elemento clave en la elaboración de la fundamentación de las resoluciones judiciales para solicitar la extradición por delitos de corrupción de funcionarios y crímenes contra los derechos humanos, como la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. Esa factura la tenía que pagar, y fueron sus propios "colegas" de la Suprema los que se la cobraron. Ahora, la mafia aplaude.
El hecho es que resulta harto evidente que el extraditable y su defensa han iniciado un plan de decantamiento de magistrados supremos, porque seguramente teme ser extraditado. Por eso comienza a tramar y exigir una Corte Suprema a su medida, sin magistrados independientes que lo pongan en aprietos en el juicio y que actúen sin temor frente al capo de la banda. Así están las cosas.
Ahora la pregunta es ¿quién sigue? La Razón pronto nos lo dirá.
(Carlos Rivera Paz)
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