La Pontificia Universidad Católica del Perú presentó esta semana los resultados de una encuesta (El Comercio, La República , 26/11/06) que buscaba perfilar la percepción de la población de Lima respecto del Poder Judicial (PJ). Los resultados, como en diversas ocasiones, no son alentadores y confirman la poca aceptación y legitimidad que esta institución tiene frente a la población.
En principio, en la encuesta se ha revelado que la población considera que el PJ no es independiente del poder político ni del poder económico. En el primer caso, el 67% de los entrevistados señaló ello; un 27% señaló que sí había independencia del poder político y un 6% no opinó al respecto. En el segundo caso, el 68% indicó que no había independencia económica, mientras que el 27% señaló lo contrario.
Igualmente, el 94% de los entrevistados señala que el juez aplica el derecho de manera distinta dependiendo de quién sea el justiciable. Sólo el 4% considera que se da el mismo trato a todos, y el 2% no opina.
Al respecto, nos preocupa que las garantías de independencia e imparcialidad, en tanto son elementos que protegen el ejercicio de la función jurisdiccional así como derechos del justiciable frente al órgano que imparte justicia, no sean percibidas por la población como una característica del PJ peruano, lo que entra en discordancia con los principios y derechos que consagra nuestro ordenamiento, tales como la separación de poderes, el debido proceso y la igualdad de trato respectivamente.
Del mismo modo, la encuesta reveló que la población en un 38% considera que el pago o coima a los jueces es la mejor manera de asegurar el éxito en un proceso. A ella, le sigue el 35% que considera que tener un buen abogado es la forma de ganar un juicio, un 18% lo atribuye a la suerte y un 6% a tener tiempo para realizar un seguimiento adecuado al proceso.
En ese sentido, es preocupante que la corrupción en el Poder Judicial sea una constante en las referencias que la población hace respecto de este poder del Estado (esta constante también aparece en relación a otras instituciones, pero ahora nos circunscribimos a lo relacionado con el PJ), y tal vez ello deba ser objeto de reevaluación y de acogimiento de medidas efectivas contra la corrupción, planteadas hace pocos años en diversas propuestas consensuadas entre el Estado y la sociedad civil. Entre ellas, tenemos la promoción de la eticidad, así como la adopción de un plan adecuado de prevención y sanción de actos de corrupción.
Finalmente, algo bastante paradójico se encuentra en el hecho que para el 57% de los entrevistados, el Poder Judicial no haya mejorado en relación a los 5 años anteriores, época en la que empezaba la transición democrática y en la que el Poder Judicial traía a cuestas las consecuencias de la corrupción de los años del Fujimontesinismo y debía adecuarse a las reglas del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Asimismo, un 17% dice que ha mejorado en algo, el 21% que ha empeorado y sólo el 1% que ha mejorado mucho.
Casi a fines del 2006, y luego de dos meses del "reimpulso" de la reforma del sistema de justicia (cuya propuesta más integral se encuentran desde hace 3 años, en el Plan de las propuestas CERIAJUS) ocasionado por el ex vocal supremo provisional Palacios Villar, nos damos cuenta que la percepción sigue siendo la misma y que respecto al futuro, la población no aguarda muchas esperanzas sobre posibles mejoras esenciales en el servicio de impartición de justicia. Así, un 34% señala que el PJ permanecerá igual, un 42% indica que mejorará en algo, un 9% dice que empeorará, y sólo un 1% confía en que este Poder mejorará mucho.
Ello entonces, nos lleva a preguntarnos si se ha hecho lo necesario para que el PJ cambie de imagen frente a la población. Y en nuestra opinión, los esfuerzos han sido insuficientes: sólo el 31% de las propuestas CERIAJUS que correspondían implementar al Poder Legislativo han sido aprobadas y, en el caso del PJ, de un total de 193 propuestas a su cargo se han implementado aproximadamente 29 (15%).
Ello pues, debe corregirse en el corto y mediano plazo si queremos que nuestro sistema de justicia sea percibido como real y efectivo ante los reclamos de los justiciables. El acceso a una justicia eficaz que cuente con las garantías judiciales de un juicio justo se hace necesario en un contexto en que el PJ ha adolecido desde hace mucho tiempo de lejanía y ausencia de credibilidad frente a la población.
En ese sentido, creemos que el cambio de percepción de la población respecto del PJ es cuestión de voluntad de parte de quienes lo dirigen, y de la colaboración de otros poderes del Estado como el Legislativo, que tiene en sus manos la aprobación de diversos proyectos de ley que pueden coadyuvar a hacer del Poder Judicial una institución eficiente, transparente y equitativa al servicio de la población.
(Natalia Torres Zúñiga)
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