En los últimos meses algunos personajes y medios de prensa escrito han venido criticando el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) alegando que, luego de presentado su Informe Final, los oficiales de las fuerzas armadas son perseguidos por el sistema de justicia.
Como se recuerda, la CVR presentó 47 casos de graves violaciones a los derechos humanos, entre los que figuran las ejecuciones arbitrarias o asesinatos, la desaparición forzada de personas, secuestro, tortura y violación sexual de mujeres. El Poder Judicial sólo ha abierto instrucción en 24 casos.
Ahora bien, si revisamos estos 24 casos nos daremos cuenta que sólo se ha dictado sentencia en primera instancia en 4 de ellos, y que los condenados han sido efectivos policiales, ronderos y miembros de Sendero Luminoso; asimismo, que en las sentencias dictadas se han absuelto a 14 efectivos de la Policía Nacional; y que, a la fecha, ningún efectivo de las Fuerzas Armadas ha sido condenado.
Es necesario tener presente, también, que en los procesos judiciales abiertos existe un total de 389 encausados, vinculados a las fuerzas del orden; y que, el 63% de los procesados se encuentran comprendidos en cuatro causas: las ejecuciones extrajudiciales de pobladores de Cayara, las ejecuciones extrajudiciales de Pucará, las ejecuciones arbitrarias en Accomarca y los crímenes del grupo Colina. Casos que comprenden a 244 integrantes del Ejército.
Entonces, ¿de qué persecución estamos hablando? ¿Quiénes son los perseguidos? Si bien es cierto que existen mandatos de detención contra efectivos militares, ello se debe (en una proporción nada desdeñable) al hecho de que los mismos no han concurrido a la sede judicial a prestar declaración.
Así pues, resulta evidente que el ataque al Informe de la CVR no se debe a la "supuesta" cantidad de efectivos militares procesados, sino al rango de quienes se encuentran denunciados: por ejemplo, los generales del Ejército Clemente Noel, Adrián Huaman Centeno, Luis Pérez Documet, Eduardo Bellido Mora. Es decir, no se trata de cantidad sino de "calidad" o grado de los procesados.
Tras el análisis de las cifras queda claro que no existe ninguna persecución. Lo que hay es un conjunto de procesos pendientes de investigación, en los cuales los autores aún no han sido identificados y en los que, a pesar de los reiterados pedidos de información al Ministerio de Defensa, éstos no son entregados.
Es imprescindible entender y aceptar que en una sociedad con valores de igualdad, justicia y lucha contra la impunidad, los delitos deben ser sancionados sea quien fuere el ejecutor. No se puede permitir que se inicien campañas de desprestigio a instituciones sólo porque los implicados han sido altos oficiales del ejército o jefes de los Comandos Políticos Militares.
(Patricia Figueroa Valderrama)
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