En el Perú, desde hace un buen tiempo atrás, el retroceso de la lucha contra la corrupción es una verdad incuestionable. Por ello, las resoluciones que favorecen a los mafiosos son cuestionadas por menos gente. Eso ya de por sí es muy grave. Pero, en el Perú la realidad nos suele llevar un poco más allá siempre. Un ejemplo de ello es la querella interpuesta por el ahora Vicepresidente de la República y congresista por el APRA, Luis Giampietri Rojas, contra el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado.
Tal como ha informado el diario La República en el transcurso de la semana, entre 1994 y 1995 el entonces Jefe de Estado Mayor de la Marina, Luis Giampietri Rojas, participó, y en algunas oportunidades presidió, diversos Comités Ad Hoc de Adquisiciones en operaciones de compra de material de guerra a empresas que pertenecían a los hoy prófugos del sistema anticorrupción Moshe Rotschlid, Enrique Benavides y Claus Corpancho. Todos ellos eran conocidos por sus estrechas vinculaciones contractuales -ilícitas, claro está- con Vladimiro Montesinos Torres, por haberle pagado sobornos para que sean favorecidos con las compras de material de guerra tanto al Ejército como a la Fuerza Aérea.
Ahora bien, en junio de este año, la Procuraduría Ad Hoc formuló, ante la Fiscalía Anticorrupción, un pedido de investigación contra los altos oficiales de la Marina de Guerra que participaron en tales operaciones de compra, toda vez que en ellas existen indicios suficientes sobre la comisión de hechos ilícitos, aparentemente perpetrados bajo el mismo modus operandi que las otras operaciones de compra ejecutadas en esos mismos años en otros institutos armados. Inclusive algunas de las empresas simple y llanamente no eran proveedoras de la Marina y, además, en esas operaciones había sido también beneficiada la empresa de un familiar del entonces Comandante General de la Marina, Américo Ibárcena Amico.
Cabe preguntarse: ¿estos hechos no deberían ser investigados por el Ministerio Público? ¿Los integrantes de los Comités Ad hoc de Adquisiciones de la Marina no tendrían que ser también sometidos a investigación, aun cuando uno de ellos sea el actual Vicepresidente de la República? ¿Cuál es el agravio al honor que comete un procurador a quien el Estado le encarga perseguir justamente esos delitos?
Cuando se denunció públicamente este hecho, Giampietri dijo que "solo cumplió órdenes de Fujimori" y que se pretendía dañar la imagen de la Marina. Hoy, dice que el ex procurador Maldonado ha dañado su honor porque asegura que las indagaciones realizadas por la Contraloría General de la República no lo sindican como responsable de la comisión de ilícito alguno. Pero lo que no dice el cuestionado congresista es que efectivamente la Contraloría no llegó a esa conclusión porque no pudo terminar su auditoría.
Y es que la Marina no le proporcionó la información de las adquisiciones. El mismo Contralor Matute le escribió a Giampietri indicándole que la Comisión de Auditoría tuvo limitaciones para obtener la evidencia relevante, ya que no contó con la información necesaria.
O sea, la Marina oculta la información y luego Giampietri dice que la Contraloría lo ha exculpado. Posteriormente, querella al procurador que solicita a la fiscalía que investigue los hechos. Debe ser pura coincidencia pero éste era el esquema que el fujimorismo impuso para aniquilar políticamente a sus opositores.
Esta querella podría ser parte del anecdotario político, pero hoy se trata de un proceso penal contra el ex procurador, sobre el cual ahora resulta difícil predecir el resultado final, más aun si el querellante es nada menos que el Vicepresidente de la República. En todo caso, la sentencia que emita el juez penal encargado pondrá en evidencia la valoración probatoria a la que éste arribe, en relación a hechos que son materia de investigación por parte de una Fiscalía Anticorrupción.
Resulta oportuno recordar que ésta es la segunda querella interpuesta contra un procurador anticorrupción. Recordemos que en el 2005 el ex ministro de Fujimori, Absalón Vásquez Villanueva (también, por pura coincidencia, socio de Giampietri en la organización fujimorista Vamos Vecino) querelló al ex procurador Ronald Gamarra Herrera, porque el diario Perú.21 colocó como titular ante unas declaraciones suyas, una expresión que Vázquez consideró ofensiva contra su honor. Ciertamente Vásquez Villanueva está condenado por haber cometido un delito de corrupción de funcionarios, pero Gamarra Herrera también fue condenado en primera instancia (ver: Anulan condena y proceso contra ex procurador Gamarra).
Entonces, el ex procurador Maldonado está advertido.
(Carlos Rivera Paz)
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