El 5 de diciembre, la defensa del ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez planteó un reclamo de inconstitucionalidad ante la justicia de este país, paralizando así el proceso que se lleva a cabo en su contra a solicitud de la fiscal Mirtha Guianze por la desaparición de aproximadamente 20 pasajeros, trasportados clandestinamente desde Argentina como presos políticos, en los primeros años de la dictadura militar uruguaya, que durara desde 1973 hasta 1985.

A lo largo de este proceso el ex dictador negó los cargos imputados, alegando entre otras cosas que él no se encontraba a cargo de la Región Militar Número 1 del Ejército, en donde al parecer sucedieron los hechos. Sin embargo, la fiscalía arguye que en virtud de los cargos que ocupara durante la dictadura (Comandante en Jefe del Ejército uruguayo, y posteriormente mandatario de este país entre 1981 y 1985) debía de conocer de las principales actividades realizadas por los funcionarios de las Fuerzas Armadas de ese país.

Si bien este retraso podría ser desalentador en cuanto a los avances que se están dando en la región, en relación con los temas de Derechos Humanos e impunidad que tenemos pendientes (ver: Impunidad y DDHH en América Latina: análisis en base al caso Argentino), no hay que olvidar que la tendencia es positiva también en Uruguay, en donde se condenó en el 2006 al ex mandatario Juan M. Bordaberry (quien iniciara el periodo de dictadura) por violación a los derechos humanos.

No es la primera vez que autoridades procesadas por derechos humanos en América Latina, cuya responsabilidad resulta visible, utilizan recursos dilatorios o descaradas maniobras y argumentos legales con el fin de evitar o alargar lo más posible sus inminentes sentencias. Es imposible no hacer un símil con el caso peruano, respecto principalmente a los ya longevos juicios contra Montesinos, o los argumentos planteados en el caso Pinochet.

Esperemos que esta nueva experiencia -que estamos seguros será superada por la justicia uruguaya- sirva de advertencia (una más) para los procesos que se están realizando en toda la región en relación a este tema, y especialmente para el próximo juicio a Alberto Fujimori en nuestro país.
(Aarón Verona Badajoz)