El 21 de noviembre pasado, la Federación Internacional de Ombudsman-FIO (o de Defensorías del Pueblo) realizó la Mesa Temática titulada: "Estrategias de las Defensorías del Pueblo para la lucha contra la discriminación" como parte de su XII Congreso Anual, donde se tuvo como tema de reflexión y debate el derecho humano a la Igualdad y No Discriminación, por lo general reconocidos tanto en normas nacionales como en pactos internacionales.

Las experiencias presentadas por los representantes de Bolivia, Colombia y México dejaron en claro que aún queda mucho por hacer para concretizar adecuadamente este derecho. Otra reflexión importante es que, para tal propósito, la estrategia para exigirlos hecha mano a temas como la lucha contra la pobreza, los derechos económicos sociales y culturales (conocidos como DESC), el cambio de la cultura de discriminación arraigada en nuestra sociedad (que, paradójicamente, es multicultural) y, por supuesto, la necesidad de la voluntad política.

Walter Albarracín, Defensor del Pueblo de Bolivia, señaló a que pesar del reconocimiento de estos derechos en la normatividad vigente, lo que pasa en la realidad es diferente, situación en la que por cierto no se encuentra sólo el derecho a la Igualdad y a la No Discriminación. Como puede observarse, el régimen democrático (en contraposición a una larga tradición de gobiernos dictatoriales) no trae inmanentemente el respeto a estos derechos; por ello, hacen falta políticas concertadas de trabajo.

Es clave recordar que para el tratamiento de la discriminación racial, un tema imprescindible es la cultura de la sociedad. Sobre este tipo de discriminación, la semana pasada se realizó el Seminario Internacional "Políticas Públicas contra el Racismo", organizado por la Mesa de Lucha contra el Racismo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En tal Seminario, se señaló que es necesario implementar códigos de conducta para espacios públicos y privados, una política de valores que venga desde el Estado y no dejar de lado nuestra representación en el Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas -no se ha enviado un Relator desde 1999-. Se ha avanzado, por ejemplo, en cuanto a sanciones administrativas por parte del INDECOPI, pero el problema requiere de acciones más continuas y estructurales. (El Peruano, 06/12/07)

Entre las estrategias de lucha contra la discriminación presentadas por el Congreso de la FIO, es interesante el proyecto de ley propuesto por la Defensoría del Pueblo de Colombia ante el Parlamento de dicho país. El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, señaló que en el esfuerzo de establecer una estrategia de lucha contra la discriminación, se presentó el Proyecto de Ley Estatutaria N° 68 del 2007 (Senado), "por la cual se desarrolla el derecho a la igualdad y se dictan disposiciones para prevenir, erradicar y sancionar la discriminación". La propuesta es interesante y puede ser un referente a imitar en nuestro país: se recogen principios, un catálogo de conductas discriminatorias, conceptos de accesibilidad universal, acceso a la información, se señalan plazos perentorios de adopción de medidas y políticas públicas, parámetros legales para concretar el derecho a la igualdad, criterios sobre la carga de la prueba, medidas sancionatorias de carácter pedagógico, etc. (ver noticia)

Es necesario reconocer que la discriminación en nuestros países se encuentra íntimamente ligada a las asimetrías sociales: unos tienen más oportunidades de desarrollo, muchos tienen menos o ninguna. Esas diferencias injustificadas son causa de la inadecuada política de respeto a los derechos económicos, sociales y culturales (derechos que, por cierto, han estado relegados debido a una equívoca concepción de "derechos de segunda generación" o "de naturaleza programática"). Por ello, es importante el documento preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaborado por el Dr. Víctor Abramovich, denominado Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en el que se comparte una propuesta preliminar de cómo hacer el seguimiento a la eficacia de los DESCs.

En esta realidad, al sistema de justicia le corresponde un papel importante: la judicialización de estos derechos para exigir el respeto por parte del Estado. Sobre los DESCs, si bien la estrategia general para tutelarlos ha sido la de relacionar su vulneración con la de otros derechos (libertad, vida, integridad física, etc.); se ha avanzado en el reconocimiento de su individualidad[1] (como lo ha hecho nuestro Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 2016-2004-AA/TC, en relación al derecho a la salud). Además de ello, se ha señalado expresamente la obligación del Estado para adoptar pautas concretas y mínimas en su política presupuestaria, a fin de avanzar en su tutela. Ello, muestra que, efectivamente, no sólo hay una exigencia política y social para el cumplimiento de los derechos a la igualdad, la no Discriminación y los DESCs; sino que además, el derecho y el cómo se desenvuelva la judicialización de estos casos, puede marcar la diferencia en la lucha contra la pobreza, la discriminación y la defensa del desarrollo humano.
(Cruz Silva Del Carpio)

[1] Sobre este tema, es recomendable el texto de Antonio Cançado T., "La protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales", en Estudios Básicos de Derechos Humanos , Tomo I, San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos [ IIDH ], 1994.