Durante su LXXVII periodo de sesiones y de conformidad con lo que establece el respectivo Estatuto, el 27 de noviembre último la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) -órgano jurisdiccional, que emite resoluciones vinculantes para todos los estados de la OEA que aprobaron su competencia en materia contenciosa- eligió, por unanimidad, a sus nuevas autoridades: la jueza Cecilia Medina Quiroga (Chile) y el juez Diego García-Sayán (Perú), como presidenta y vicepresidente de esta institución. Así, mientras Medina reemplazará en su mandato al hasta ahora Presidente de esa instancia, Sergio García Ramírez, García-Sayan ocupará la vicepresidencia que estuvo a cargo de la jueza Medina.

Esta saludable y democrática renovación de la junta directiva de la Corte IDH trae consigo también un conjunto de expectativas sobre su desempeño, pues la calidad de ambos es innegable y; en el caso del Perú, este hecho aumenta la inquietud al encontrarse entre los elegidos el Dr. Diego García Sayán, un peruano de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, con experiencia en la labor gubernativa y que, entre otras actividades, se desempeñó como Ministro de Justicia durante el gobierno del presidente Valentín Paniagua y como Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Alejandro Toledo.

Resulta importante para el país tener a un compatriota como vicepresidente de tan alto órgano. Sobre todo en este momento, dado que desde que se inició el nuevo gobierno estamos en un estado de constante incertidumbre en la materia de derechos humanos. No en vano, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -institución también integrante del Sistema Interamericano, que no es un órgano jurisdiccional como la Corte IDH sino que actúa como instancia jurídica de filtro de los casos que van allegar a la máxima instancia supranacional-, en una reciente entrevista, ha señalado que si bien la situación de los derechos humanos en el Perú ha mejorado (principalmente si se compara con la época fujimorista), todavía se presenta como un país de necesario seguimiento, pues le preocupa la presión que se está creando en contra de las ONG's y la poca implementación que se está realizando del Plan Nacional de Derechos Humanos (La República, 01/12/07).

Junto con esto, también es pertinente resaltar que el Estado peruano, es el país que hace mayor uso del sistema internacional de derechos humanos. Según cifras de la CIDH al 2006: Perú, con 304 denuncias, fue el país con más causas exhibidas durante ese año (el siguiente país es Argentina con 193 denuncias); sin embargo, durante este mismo periodo sólo se admitieron a trámite 20 acusaciones, quedando pendiente de revisión 201 (ver: Informe Anual de la CIDH 2006, OEA/Ser.L/V/II.127, 3 marzo del 2007). Y si bien estas cifras no necesariamente implica que el Perú sea el mayor violador de derechos humanos de la región (también puede representar que somos uno de los estados que más conoce y utiliza este sistema regional de protección de los derechos humanos), esto sí significa que vamos a estar de todas maneras sentados en el banquillo de los acusados delante de la Corte por un largo tiempo.

En este sentido, la labor de acercamiento de las decisiones de la Corte IDH a la población peruana (poco entendida en el tema) deberá ser uno de los principales fines a cumplir por esta instancia; a fin de que las mismas no sean envueltas en críticas que a la larga pueden asentar una peligrosa deslegitimidad de esta instancia internacional que tanto a contribuido en el avance a los derechos humanos. Por lo pronto, la Corte IDH ya tomó disposiciones que ayudarán a hacer menos engorrosas y largas sus resoluciones a fin de hacerlas más asequibles.

Junto a ello, el Estado peruano esta a la espera de que esta instancia resuelva algunos casos importantes: las solicitudes de interpretación de las sentencias en los casos de La Cantuta, el del Penal Castro Castro; así como la interpretación de la sentencia en el caso de los Trabajadores cesados del Congreso (ver: Comunicado de Prensa del 28/11/2007).

Finalmente, es necesario que así como es importante un seguimiento a la labor de las instancias internas de administración de justicia por parte de la sociedad civil, exista una suerte de monitoreo y ayuda al trabajo de la Corte IDH. Dando a conocer su trabajo y aportando herramientas para fortalecer su actuación a nivel interno.
(Lilia Ramírez Varela)