Hace un año aproximadamente lamentábamos el asesinato de un juez (ver: Asesinan a Vocal Enrique Salazar. ¿Hasta cuándo la desprotección?) y manifestamos nuestro deseo y confianza de que este tipo de sucesos no vuelvan a suceder. El sábado 8, con el asesinato del agente de seguridad Carlos Imata Concha, la realidad nos demuestra crudamente, que todavía es posible que se cometan hechos así.

La noticia indica que Imata Concha, miembro de la División de Custodia de Dignatarios de Seguridad del Estado de la PNP, fue asesinado con una ráfaga de por lo menos 15 balazos cuando aguardaba la salida de su custodiado, el fiscal superior Mateo Castañeda Segovia, que se encontraba en una reunión social (El Comercio on line, 08/12/07).

Como se sabe, el mencionado magistrado actualmente viene investigando peligrosas bandas dedicadas al narcotráfico, terrorismo, corrupción, lavado de activos; además interviene en el juicio que se le sigue a Vladimiro Montesinos por recibir dinero de Pablo Escobar ( La República on line, 08/12/07). Podemos suponer que se había hecho de muchos enemigos y muy peligrosos; se trataría entonces de una clara advertencia contra dicho magistrado para que no continúe con sus pesquisas.

De acuerdo con ello, vemos que hay una clara relación entre el asesinato de ese valeroso agente -quien con 3 balas en el tórax todavía intentó repeler el ataque- y la función que venía desempeñando el magistrado al cual protegía. Para decirlo con la Comisión de Derechos Humanos: se trata de un atentado contra un defensor de los derechos humanos; de alguien que, por su especial rol para velar por el correcto funcionamiento del Estado, se encuentra más expuesto a sufrir todo tipo de represalias [1] .

No es, el hecho que nos enluta, un homicidio común; es un atentando contra el Estado de Derecho y contra la independencia del Ministerio Público, a la que se quiere amedrentar mediante este acto repudiable. De ahí que la gravedad es intensa, y merece la mayor de las atenciones.

Saludamos la creación de una Comisión Especial dentro del Ministerio del Interior para encontrar a los responsables de tan execrable crimen (El Comercio on line, 07/12/07). Por otro lado, abogamos -nuevamente- por el refuerzo a los mecanismos de protección que deben recibir cierto tipo de magistrados (aquellos en cuyos despachos se ventilen procesos de especial peligrosidad), y en general de todas aquellas personas -funcionarios de la Defensoría del Pueblo, miembros de ONG's, entre otros- que se encuentren en una posición que implique riesgo para su integridad.

No queremos terminar sin solidarizarnos con los familiares de la víctima, y con todos aquellos que bregan, aún a costa de su vida o su integridad, para realizar aquel ideal de una paz social en justicia.
(Julio Avellaneda Rojas)

[1] COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas. p.11.