Este fin de semana, en segunda vuelta electoral, se eligió al nuevo Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), resultando ganador Walter Gutiérrez Camacho, quien asumirá funciones el 10 de enero del 2008 junto a su plana directiva conformada por Luis Lamas Puccio (vicedecano); Rocío de la Piniella (secretaria general), entre otros.

Ahora bien, las nuevas autoridades a la cabeza del CAL tienen una importante agenda que desarrollar. Si bien es cierto, se espera el cumplimiento de cada uno de los objetivos y propuestas del candidato electo, también creemos que es necesario ir más allá de dichos planteamientos y centrarse en lo referido al rol de los abogados dentro del sistema de justicia y el aporte del gremio a la tan ansiada reforma del mismo.

Sin duda, el Colegio de Abogados de Lima conforma un importante sector de la sociedad civil peruana y tiene una tarea trascendental en el impulso del mencionado proceso de reforma. Y es que es imposible negar que los abogados somos actores centrales en este encargo, ya sea porque nos desempeñamos como jueces, fiscales, abogados litigantes, abogados de oficio, entre otros.

En general, de nuestro desempeño y relación con los justiciables depende la percepción que la población tiene del sistema de justicia. Como bien sabemos, nuestra imagen se encuentra casi siempre devaluada frente a la opinión pública, y ello se debe a hechos sacados de la propia realidad, y por ende, bastante objetivos.

Frente a ello, el CAL y, en general, los colegios de abogados de todo el país, deben asumir un rol crítico de las falencias, limitaciones y mal desempeño de los abogados a quienes representan y en esa lógica iniciar actividades propositivas que coadyuven a mejorar la imagen del profesional del derecho y evitar que sigan alimentando el descrédito de la justicia ante la sociedad .

En esa lógica, una de las primeras acciones es focalizar o tener en cuenta las causas que generan el mal desempeño de los abogados. Una de ellas es la inadecuada formación profesional que reciben los abogados, debido a la mala calidad de la enseñanza universitaria y a la proliferación de facultades de derecho que no poseen estándares mínimos para brindar una adecuada formación universitaria a los futuros letrados. Frente a este problema, deben realizar actividades de incidencia y ejercer presión para que el sistema educativo mejore, establecer una serie de estándares de calidad para otorgar la colegiatura o en todo caso, promover programas de capacitación y de desarrollo de destrezas y razonamiento jurídico.

De otro lado, el CAL es un espacio importante para promover entre los abogados las prácticas de negociación y transacción que permitan disminuir el alto grado de litigiosidad en nuestro país -promovido sobre todo por abogados con una cultura propensa al conflicto-, la congestión y el largo plazo de los procesos judiciales.

Otro tema muy importante es el de las sanciones que el CAL debe imponer a quienes no realizan un honesto desempeño profesional. Y es que la sanción efectiva frente a las faltas a la ética profesional se convierte en un imperativo cuando se trata de eliminar el clima de impunidad y desconfianza en el que se encuentra inmerso el universo de abogados del Perú. Como bien señala Luis Pásara en un estudio sobre el rol de los abogados en Lima, "la actuación gremial en el control del desempeño profesional debe alcanzar la visibilidad para que la impunidad en el ejercicio profesional pueda ser recortada" (en: Los abogados de Lima en la administración de justicia: una aproximación preliminar).

También creemos que el CAL tiene una importante labor que cumplir en lo relacionado a la responsabilidad social del abogado, y en ese sentido puede impulsar la participación de los letrados en la atención jurídica de la población que sufre escasez de recursos que le impide ejercer sus derechos.

Ello está vinculado también al tema de acceso a la justicia y el papel que puede desempeñar el CAL en la visualización de las barreras de acceso que impiden que la población tanto urbana como rural haga efectivo sus derechos y solucionen sus problemas o conflictos jurídicos. En ese sentido, es importante que en tanto institución de la sociedad civil, representativa de una parte de la ciudadanía, realice acciones distintas como la elaboración de diagnósticos que reflejen los problemas de la oferta de servicios de justicia y de los operadores jurídicos (abogados) o las necesidades jurídicas de la población. Además, el CAL tiene una labor pendiente en la difusión y promoción de derechos, así como en la vigilancia del sistema de justicia.
(Natalia Torres Zúñiga)