El pasado 19 de enero quedó conformada la Comisión parlamentaria que tendrá a su cargo la evaluación de los candidatos al Tribunal Constitucional (TC). La integran seis parlamentarios: Aurelio Pastor del APRA (quien la preside), Humberto Falla (APRA), Freddy Otárola de UPP-PNP, Raúl Castro de Unidad Nacional, Rolando Souza del fujimorismo y Yonhy Lescano de la Alianza Parlamentaria.

Como se sabe, cuatro de los siete magistrados del TC culminan en junio próximo el periodo de cinco años para el que fueron elegidos: Javier Alva Orlandini, Víctor García Toma, Magdiel Gonzales Ojeda y Juan Bardelli Lartirigoyen. Sin duda, esta evaluación y designación de cuatro nuevos magistrados del TC es de vital importancia para la vigencia del Estado de Derecho y el equilibrio de poderes en nuestra aún frágil democracia, sobre todo por la creciente importancia del TC en temas claves para el país como la legislación antiterrorista, la justicia militar, los derechos laborales, la no discriminación, el abuso de las acciones de amparo, entre otros.

Esta creciente importancia del Tribunal se refleja en dos hechos contradictorios: por un lado, las voces críticas que denuncian supuestos "excesos" y extralimitaciones en sus funciones por parte del TC, ataques que han provenido en gran medida de algunos congresistas y que se plasmara en un recordado proyecto impulsado por el ex parlamentario Ántero Flores-Aráoz para recortarle atribuciones al Tribunal que, hasta el momento, no ha prosperado. Por otro lado, la actitud casi reactiva de diferentes sectores que, ante un supuesto atropello de derechos fundamentales o del Estado de Derecho, anuncian que acudirán al TC: desde los trabajadores hasta los empresarios de la CONFIEP, desde las ONG hasta el MINCETUR para frenar la corruptela de los amparos a favor de casinos y tragamonedas.

Por ello, en este proceso de selección de cuatro nuevos magistrados se está jugando -y no exageramos- el futuro del TC. Si se imponen los críticos, entonces el Parlamento elegirá magistrados "con perfil bajo" para que no molesten o magistrados "orgánicos" a determinados grupos políticos que responderán a consignas e intereses. Por el contrario, si se mantiene la línea de designar a juristas o académicos con trayectoria democrática, independiente y honesta, podremos seguir contando con un TC autónomo.

Hace bien, por ende, el congresista Lescano en alertar que alguien que trabajó en un régimen autoritario como el fujimorato, no debería acceder al Tribunal Constitucional, pues para formar parte del "órgano de control de la Constitución" (artículo 201º de la Carta de 1993), se requiere -creemos- no haber sido parte de un régimen autoritario. En ese sentido, llama la atención las recientes declaraciones periodísticas del Presidente de dicha Comisión, Aurelio Pastor, quien es además Presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento. Él ha dicho que ello sería " absolutamente discriminatorio " (Expreso, 24/01/07).

Veamos. Si un candidato al TC es rechazado por sus ideas o simpatías políticas, por supuesto que sería una discriminación inaceptable. Es más, son conocidas las simpatías políticas de varios de los actuales magistrados del Tribunal y que, inclusive, recién renunciaron a su militancia una vez elegidos (ver: Congreso elige séptimo miembro del TC: decisión precipitada y preocupante). No se trata de eso. El punto es evitar que personas que abiertamente defendieron un régimen autoritario -como el fujimorato- o que defendieron causas antidemocráticas, integren un Tribunal que, precisamente, tiene como función la defensa del Estado de Derecho. Una designación así no haría otra cosa que desacreditar a todo el Tribunal, y ésa es una legítima preocupación e invocación que el actual Presidente del TC -César Landa- formuló en su discurso de asunción del cargo.

Por tal motivo, el propio congresista Aurelio Pastor ha suscrito y presentado -con el apoyo de la célula parlamentaria aprista- una propuesta de reforma constitucional que, precisamente, plantea que "Para ser magistrados del Tribunal Constitucional se requiere los mismos requisitos que para ser juez de la Corte Suprema y tener una probada trayectoria democrática y de defensa de los derechos fundamentales" (artículo 201º del Proyecto de Ley Nº 888/2006-CR, presentado el 18 de enero del 2007) [subrayado nuestro].

Por tanto, no es un asunto de discriminación ideológica sino de trayectoria democrática. Entendemos por qué los diarios voceros del fujimontesinismo pretenden confundir a la opinión pública y a las autoridades (seguramente ya tienen varios pre-candidatos en mente), pero es importante que los partidos democráticos que están en el Congreso tengan muy en cuenta lo dicho por el congresista Lescano y lo que propone -con acierto- la propia célula parlamentaria aprista en su propuesta de reforma constitucional. Si bien se trata de un proyecto, sin duda expresa una voluntad política que el APRA debería honrar a lo largo de todo el proceso de selección de nuevos magistrados.

Por otro lado, como se sabe, la Constitución exige por lo menos 80 votos para elegir a los magistrados del TC. Tomando en cuenta la actual configuración del Parlamento, si se logran poner de acuerdo el APRA (36 votos), UPP-Partido Nacionalista (45 votos) y Unidad Nacional (17 votos), en una fórmula de consenso de juristas o académicos con trayectoria democrática y de independencia, juntos podrían superar los 80 votos exigidos. Así UPP y Partido Nacionalista vayan divididos en esta negociación parlamentaria, el consenso entre las cuatro agrupaciones (ya no entre tres) sería posible. ¿Estarán dispuestos a "abrir la cancha" a las otras dos bancadas, el fujimorismo y la "Alianza parlamentaria" (Frente de Centro, Perú Posible y Restauración Nacional)?

Finalmente, en toda la historia del TC sólo una mujer ha llegado a formar parte de él: Delia Revoredo que, como se recordará, junto con otros dos magistrados se enfrentó valientemente al fujimorato. Por tanto, creemos que es hora que el Parlamento abra la posibilidad que por lo menos uno de los cuatro magistrados que designe, sea una jurista o académica destacada.
(David Lovatón Palacios)