Un tumultuoso fin de legislatura, generado alrededor del debate sobre la libre desafiliación de las AFP, no permitió que el Congreso aprobase la ley de carrera judicial y la reforma de la regulación constitucional, en materia de impartición de justicia.

En el primer caso, la Comisión de Justicia había aprobado un buen dictamen de ley de carrera judicial (ver: dictamen), que recogía las bases aprobadas por la CERIAJUS y las desarrollaba prolijamente. Se había culminado así un gran esfuerzo de varios años de trabajo, tanto a nivel del Congreso como del Poder Judicial y la sociedad civil, que habían elaborado los tres proyectos de ley sobre los que se construyó el dictamen. Por tanto, tan sólo se esperaba el momento oportuno para que la norma encontrase el apoyo de los 61 congresistas que requería por tratarse de una ley orgánica.

Al final, la crispación aludida inicialmente no permitió que se sometiera el tema al Pleno, con lo que se desaprovechó una gran oportunidad de llevar a cabo una reforma legal verdaderamente estructural. Sin embargo, hay que reconocer la actuación del congresista Raúl Castro Stagnaro, Presidente de la Comisión de Justicia, liderando los esfuerzos reformistas en este campo. Finalmente, una vez terminado el trabajo de definición normativa, si se aprueba la norma en marzo se abrirá una importante etapa de implementación de la carrera judicial, para lo que se requiere de la creación de una comisión integrada por el Poder Judicial, el Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio de Justicia y la sociedad civil, para que se elaboren las protocolos que permitan evaluar la actividad jurisdiccional en todas sus expresiones. Para ello, se requiere una disposición transitoria que así lo establezca y una ampliación de la vacatio legis hasta fines del 2007, para que cuando los trabajos culminen se hayan previsto los recursos correspondientes en el marco presupuestal del año 2008.

En el segundo caso, la discusión de la reforma constitucional de las normas referidas al sistema de justicia no llegó a despegar, puesto que para la bancada UPP-Nacionalistas todavía no ha quedado definitivamente saldado el tema de la modificación constitucional: total o parcial, y a través de qué vías (asamblea constituyente o no).

En conclusión, hemos asistido a una infructuosa ampliación de la legislatura en el ámbito de la reforma de la justicia, que debe llamar a reflexión, en la medida en que se han detenido los cambios estructurales en función de intereses no confesados y ajenos a los requerimientos de nuestra sociedad. En ambos casos, los temas están bastante maduros, por lo que esperamos que la legislatura que comienza el 1º de marzo abra fuegos con la aprobación de la ley de carrera judicial y con el debate serio y riguroso de la matriz constitucional en materia de impartición de justicia.
(Alfredo Villavicencio Ríos)