Rosa Mavila León fue designada el pasado 02 de agosto del 2006 como presidenta del INPE en reemplazo de Pedro Salas Ugarte. Desde el inicio de su gestión, Mavila puso en evidencia la grave problemática del sistema carcelario, inclusive planteó la necesidad de declararlo en reorganización (ver: Reforma o reorganización total del sistema penitenciario). Pero los recientes acontecimientos parecieran demostrar que la crisis penitenciaria pudieron más que la aparente voluntad de cambio. Tal vez entre algunos de los avances podamos dar cuenta de la creación de la Defensoría del Trabajador Penitenciario, creada por Resolución Presidencial del Instituto Nacional Penitenciario N° 687-2006-INPE/P (ver: En el INPE seguimos avanzando: crean defensoría del trabajador penitenciario).

Hoy, en el INPE se vive un momento particularmente controvertido debido a la reyerta producida en el penal Miguel Castro Castro que tuvo como consecuencia el asesinato por arma de fuego de un interno (Walter Ávila Saavedra) de ese penal.

La reyerta ocurrida tiene como causa uno de los graves problemas de nuestro sistema penitenciario: el hacinamiento en los penales. Inclusive la Defensoría del Pueblo ha señalado que: "en los últimos años se ha producido un incremento considerable de la población penitenciaria. En efecto, durante la década de 1990, la tasa de crecimiento de la población penal fue de 4.4%. Entre el 2000 y el 2006, el promedio ha sido de 5.8%, habiéndose registrado una tasa de crecimiento de 8% en el 2004, de 12% en el 2005 y del 9% en lo que va del año 2006[1]", problema que también es responsabilidad del Poder Judicial ya que "en cuanto a las características de la población penal, se constata que el 68.2% de la población penal está constituido por internos cuya condición jurídica es la de procesado y el 31.8% por sentenciados[2]".

A pesar de que podría haberse visto una voluntad de cambio, el trabajo pasó inadvertido debido que no hubo una coordinación estrecha entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial y tampoco hubo una clara voluntad política de apoyar el cambio.

Si bien en los próximos días la Ministra de Justicia nombrará al sucesor de Mavila León, de quien se espera idoneidad para ocupar el complejo cargo de Jefe del INPE, el trabajo fundamental que queda pendiente es establecer y poner en marcha un proceso de reforma del sistema penitenciario que tenga como claros objetivos la lucha contra la corrupción, la misma que campea en los penales. De lo contrario nos estamos acercando a una crisis institucional, si es que ya no estamos allí.
(Patricia Figueroa Valderrama)

[1] Informe Defensorial Nro. 113. Supervisión del Sistema Penitenciario 2006.
[2] Informe Defensorial Nro. 113.   Supervisión del Sistema Penitenciario 2006.