El viernes 09 de febrero se desató un terremoto en la Corte Superior de Lima que alimentó las primeras planas: el recientemente nombrado presidente de tan relevante Corte, Ángel Romero Díaz, fue separado provisionalmente de sus funciones, en el marco de una investigación desarrollada por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), debido (ver resolución): i) al desacato de un fallo vinculante del Tribunal Constitucional sobre procedencia de amparos (sin motivar y en desmedro, además, del principio de legalidad); y, ii) al abrupto cambio de criterio respecto de lo que él mismo había resuelto anteriormente (sin motivar y en perjuicio del trato igualitario a los litigantes y la imparcialidad del magistrado).

Este remezón pone el dedo en la llaga sobre temas cruciales en materia de justicia, como es la elección de una persona con la trayectoria de Romero Díaz por parte de los vocales superiores de Lima, la eficacia de la OCMA y el control disciplinario en el combate de las malas prácticas judiciales, como lo es la corrupción, el necesario reimpulso de la reforma del sistema, etc.

En efecto, Ángel Romero asumió la presidencia de la Corte Superior de Lima, en medio de denuncias por haberse desempeñado como personero del partido aprista y abogado de Luis Duthurburu, vinculado a la red de corrupción montesinista (El Comercio, 02/12/06), además de estar relacionado con las demandas de amparo que permiten el funcionamiento ilegal de casinos en todo el país. Sin embargo, y a pesar de ello, obtuvo una votación importante en las últimas elecciones de diciembre, de modo tal que asumió el gobierno de la principal Corte Superior del país (ver: Elección del presidente de la Corte Superior de Lima).

En el juzgamiento disciplinario de dicho magistrado, la OCMA, presidida por la Dra. Elcira Vásquez Cortez, ha llevado a cabo una labor rigurosa y precisa: recibió la queja administrativa en diciembre del 2006, abrió investigación preliminar en enero siguiente y en una decisión célere decidió frenar cualquier riesgo de que se cometan acciones que mellen la legitimidad del Poder Judicial, ordenando una medida cautelar de abstención contra Ángel Romero y los otros dos vocales involucrados, que los suspende en sus respectivas funciones. Recordemos, además, que recientemente Romero había generado mucha suspicacia, a partir de su decisión de nombrar un elevado número de magistrados y auxiliares jurisdiccionales, sin explicar las razones que sustentan tales designaciones (ver: Cambios en la Corte Superior de Lima: ¿ordenando la casa?).

Además, debemos recordar que no es la primera vez, en la historia reciente del control disciplinario, que se involucra a un presidente de Corte Superior ni a otros altos magistrados. Así, en agosto del 2006 se destituyó a Jorge Díaz Campos, por acciones desarrolladas durante su gestión como presidente de la Corte Superior de Piura; a Víctor Roca Vargas en su calidad de presidente de Moyabamba; a los magistrados supremos comprendidos en el caso Becom en noviembre del 2005; y al vocal Eduardo Palacios Villar a fines del año pasado.

Estamos, pues, ante una rápida y loable reacción de la OCMA en su lucha contra las infracciones disciplinarias y el descontrol dentro del Poder Judicial, que habla muy bien de su nueva dirección y empata adecuadamente con el ánimo reformador impulsado desde dentro de la institución. Por ello, sus rápidos reflejos en este caso han merecido un respaldo público unánime de diversas autoridades y líderes de opinión.

En este estado de las cosas, se advierten en el panorama diversos espacios sobre los que deben colocarse los reflectores de la supervisión ciudadana. En primer lugar, en la propia OCMA, para que se consolide en una línea de lucha frontal contra las inconductas judiciales, comenzando por el particular caso Romero Díaz. En segundo término, en el CEPJ, órgano encargado de revisar la decisión de la OCMA y del cual depende levantar o mantener la suspensión del vocal en cuestión. En tercer lugar, en el presidente interino designado para reemplazar a Ángel Romero, el que debe estar a la altura de las circunstancias, a sabiendas de que la plaza que le toca dirigir provisionalmente es una de las más complicadas del Perú, así como que ostentará un cargo desde el que se puede trabajar mucho por mejorar la cara de la justicia limeña. Y, finalmente, en el Consejo Nacional de la Magistratura, que -siguiendo la trayectoria de los hechos- tendrá en sus manos la decisión final del caso Romero Díaz, cuya presidencia de la Corte Superior de Lima ha tenido una inédita interrupción.
(Para más información, ver Justicia Viva mail Nº 283)
(César Bazán Seminario)