¿Qué balance tenemos sobre el año de aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el distrito judicial de Huaura, la experiencia piloto del plan progresivo de aplicación en todo el país? Antes, recordemos un poco el proceso y qué posiciones fuimos tomando en cada etapa.

Justicia Viva siempre estuvo a favor de la promulgación de un nuevo Código Procesal, que significara dejar las características propias de un proceso penal fundamentalmente inquisitivo, para pasar a uno básicamente acusatorio.

Y lo fuimos porque para nosotros este cambio de modelo era apuntar, en lo principal, a procesos y juicios basados más en la oralidad que en la escritura (el fin de los enormes expedientes cocidos); con menos elementos de formalidad que hacían que los procedimientos fueran interminables; con más garantías para todos; con una clara división de funciones entre el juez que sólo resuelve y el fiscal que investiga y acusa; con una mayor participación de todos los involucrados directamente; con más transparencia al ser todo público y en el acto, haciendo así más difícil la corrupción; con mayores facultades en manos de los fiscales y jueces para solucionar o desechar de inmediato un caso; entre otros elementos que caracterizan a este modelo procesal.

Obviamente, también éramos concientes de los riesgos y limitaciones. El nuevo esquema exigía una actitud más activa y profesional de todas las partes involucradas; capacitación; recursos económicos; liderazgos; cambio de mentalidad; apoyo de la institucionalidad de todo el sistema de justicia y de los otros poderes del Estado; una infraestructura adecuada. Todos, aspectos muy difíciles de conseguir, tomando en cuenta el estado de crisis de la administración de justicia en general.

Fue por ello que se estableció un periodo de dos años de vacatio legis, entre la promulgación del Código por el ex Presidente Toledo, en julio del 2004 y el inicio de su aplicación progresiva, comenzando por el distrito judicial de Huaura.

Y fuimos muy críticos del papel cumplido por la Comisión de Implementación que se creó en el Ministerio de Justicia con representantes de todos los sectores relacionados (Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerios de Economía y Justicia, etc.) porque, finalmente, poco se avanzó en lo que es auténticamente un plan de implementación, y poco se hizo por apoyar a los primeros distritos que aplicarían el nuevo Código, como era el caso de Huaura (hicimos dos informes al respecto -Informe 1, Informe 2-). Sobre todo en comparación con todo lo que se hizo en otros países, como Chile y Bolivia.

Cumplido el tiempo se comenzó a aplicar en Huaura, después de una prórroga que se temió se convirtiera, otra vez, en indefinida -como ocurrió en 1991-; pero no, el cambio se echó a andar, y este primero de julio se ha cumplido -como se ha dicho- un año de la experiencia.

Volvamos a la pregunta inicial. ¿Cuál es nuestro balance? Por lo que conocemos hasta ahora, a partir de un contacto directo con jueces, fiscales y policías de la zona, y de una primera observación de los procesos y resultados, tenemos un balance que nos ha sorprendido, dado los antecedentes mencionados: POSITIVO.

Como primer argumento para llegar a ese balance, está el hecho de haber visto directamente a un conjunto de jueces, fiscales, abogados de oficio y policías comprometidos vivencial y profesionalmente con el proceso, con un claro afán de sacar adelante la experiencia para que se convierta en la base de aplicación en todo el país.

Y eso que no hay que olvidar que lo han hecho casi sin ningún apoyo, inventando cada uno la puesta en práctica de la función que le toca de acuerdo al Código. "Sobre el caballo", se podría decir, ya que nuestra percepción es que fue muy poca la capacitación y el entrenamientos previos. Tan es así que hay magistrados que, sabiendo que iban a participar de esta experiencia piloto, se vieron obligados a usar sus propios recursos económicos para costear cursos en el país y en el exterior.

En lo que sí se ha cumplido con el apoyo debido, por lo menos a un primer nivel, ha sido en la dotación de infraestructura, que es otro aspecto positivo a destacar. Efectivamente, se han implementado las instalaciones para poder cumplir con las características nuevas del proceso. Por ejemplo, en Huacho se cuenta con las salas donde todo está dispuesto para que se pueda cumplir con la oralidad del proceso, contando por lo mismo con los equipos necesarios de sonido y filmación, y con las condiciones para que las partes puedan desempeñar su nueva función y el público, que quiera, pueda asistir y presenciar todo.

Esto permite que los casos se resuelvan en el acto, al final de la audiencia oral, o dentro de los siguientes 8 días previstos. Y en muchos casos se utilizan los mecanismos para una solución anticipada, lo que evita juicios innecesarios. Hay por lo mismo un nivel de celeridad que evita la acostumbrada y problemática sobrecarga procesal. Hay magistrados que no tienen absolutamente nada pendiente, porque han resuelto todo de forma inmediata, como lo permite -y hasta promueve- el Código.

Algunas de las cifras que se han dado a raíz de este primer aniversario son muy elocuentes: 1,264 procesos se han resuelto con el nuevo Código, y el 54.9% se resolvió de manera anticipada, sea por archivamiento, aplicación del principio de oportunidad, sentencia anticipada, etc. Ha habido declaraciones, entre ellas la del Presidente de la Corte Suprema, que calculan en 45 días la duración promedio de un proceso típico o representativo.

También se puede observar que todo es mucho más transparente, ya que las partes involucradas y los que asistentes pueden literalmente ver las pruebas que se ofrecen y, sobre todo, si el juez, fiscal y abogado cumplen bien o mal con su función. Una mala acusación del fiscal, una deficiente defensa del abogado o una sentencia incoherente con lo que se ha actuado en ese momento puede ser visto y "juzgado" facilmente por todos.

Hay que destacar sobre esta mayor transparencia, lo dicho por el propio Presidente del distrito judicial de Huaura, Moisés Agustín Solórzano Rodríguez, como uno de los principales logros de esa experiencia: el hecho de que todas las diligencias sean orales y públicas "impide hacer conjeturas sobre la imparcialidad de los magistrados y reduce las posibilidades de corrupción".

Por otro lado, algo que claramente ha dificultado las cosas y ha impedido mejores resultados es que no se comenzó con un carga procesal cero, como se previó al comienzo, sino que se dispuso equivocadamente que los procesos anteriores debían concluirse con el nuevo código, adecuándolos a sus características. Estos expedientes, llamados en la práctica "los adecuados" han -según los magistrados- ocasionado muchos problemas, por lo difícil que es adecuar el caso que viene de ser tramitado con un procedimiento que es opuesto y hasta incompatible con el actual. De ahí que se haya que tenido que invertir mucho tiempo en ello y hacer uso de mucha creatividad para lograrlo.

Ahora, para tener una opinión definitiva toca en realidad hacer un verdadero y profundo balance de la experiencia, lo que supone analizar todos los aspectos cuantitativos (cifras y datos), pero también cualitativos (calidad de los procesos y de las resoluciones). Sólo después se podrá tener una opinión objetiva de la experiencia.

Pero por los indicios y cifras dadas por quienes vienen aplicando el Código, y por lo que se puede observar directamente, parece que los resultados han superado largamente a las expectativas que se tenían, las cuales eran bajas por la falta de preparación que hubo previamente.

Sólo queda, entonces, felicitar a todos los operadores jurídicos del distrito judicial de Huaura, que son los que con su esfuerzo, compromiso y calidad profesional han permitido que podamos celebrar un año de la primera experiencia con el nuevo Código, lo que motiva a que otros distritos judiciales sigan el mismo camino, como ya es el caso de La Libertad.

Y a las autoridades judiciales, lo que les toca, es ayudar a resolver los problemas y limitaciones que estos operadores jurídicos han encontrado en la práctica. Por ejemplo, si bien el Poder Judicial y el Ministerio Público han adecuado una serie de aspectos a los requerimientos del nuevo Código, en el caso de la Policía esto no ha ocurrido en absoluto. No se ha producido ningún proceso de adaptación en esta institución. Incluso los pocos policías que fueron capacitados sobre el nuevo modelo procesal, al poco tiempo fueron cambiados de lugar.

Se necesita también capacitación para los abogados en general, ámbito en el que también hay una opinión generalizada que contradice la tendencia habitual: los abogados de oficio actúan mejor que los abogados privados.

Ojalá que el hecho de que las principales autoridades, como es el caso del Presidente del Poder Judicial y la Fiscal de la Nación, hayan estado en las ceremonia llevada a cabo en Huacho por este primer año, refleje un cambio en relación a la falta de apoyo en el pasado, como se expresó también en el hecho de que ninguna alta autoridad asistiera a la ceremonia que se hizo, hace un año también, en Huacho, por la iniciación del proceso que hoy se celebra.

¿Qué se necesita, entonces? Un profundo balance de la experiencia, para identificar fortalezas y debilidades, y más apoyo a todo nivel de parte de cada una de las diversas autoridades del sistema de justicia y de los tres poderes del Estado, para que en este segundo año se puedan superar los problemas que ya se han podido identificar en la aplicación práctica del nuevo Código. Lo que se haga y logre en Huaura servirá para todos los otros distritos judiciales.
(Ernesto de la Jara Basombrío)