Con gran preocupación hemos visto en estos días cómo el Presidente del Poder Judicial (PJ) llamaba la atención de la ciudadanía porque las negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en vez de llevarse a cabo en un ambiente de coordinación, como manda la ley que las regula, traían un conjunto de sobresaltos entre los que destacaba la propuesta de recortarles 70 millones del presupuesto actual (9%), en vez de otorgarles algo de los 390 millones adicionales que reclamaban.

La sorpresa era mayúscula, puesto que en lo que va del siglo el PJ ha sido una de las instituciones públicas más envidiadas desde el punto de vista presupuestal, ya que sus recursos se duplicaron: de los 405 millones de 1999 a los 790 millones del 2007. Ni siquiera le ofrecían aumento inercial que los llevaría a 882 millones, sino todo lo contrario.

Además de ello, en esta ocasión el PJ presentó una propuesta de recursos adicionales que iba más allá de los rubros tradicionales referidos a creación de más órganos jurisdiccionales y pago de pensiones y devengados. Así, los componentes entre los que se repartían los 390 millones de incremento giraban alrededor de: modernización del despacho judicial (26%), descentralización (18%), acceso a la justicia (17%), nivelación de pensiones (15%), incremento de remuneraciones (9.6%), reforma procesal penal (9%), lucha anticorrupción (1.6%), capacitación (1.7%) y predictibilidad y jurisprudencia (1%).

A la luz de lo señalado se pueden formular algunas apreciaciones iniciales, de carácter general y específico:

1.  En un país con necesidades perentorias en salud, educación y seguridad ciudadana, el PJ debe pelear codo a codo cada centavo nuevo para mejorar el sistema de justicia.

2.  En tal contexto, la formulación del presupuesto debe partir por señalar expresamente los cambios que se impulsarán a corto, mediano y largo plazo, así como las necesidades a cubrir, estableciendo, en ambos casos, los indicadores de resultado y las metas que se busca lograr. No basta con estar mejor presentado técnicamente que en anteriores ocasiones ni con mostrar las necesidades (que todos las tienen), sino que debe tener un norte claro y señalar las mejoras concretas a obtener en el servicio de justicia.

3.  El proceso de formulación del presupuesto debe ser, además, participativo, tanto para recibir los aportes de diversas instituciones y especialistas de la sociedad civil, cuanto para comprometerlos en la corriente de opinión pública que avale y presione la mayor asignación de recursos al Estado.

4.  Debe garantizarse, a su vez, un manejo eficiente y transparente del presupuesto.

5.  Tras el Plan Nacional de Reforma aprobado por la CERIAJUS, el catálogo de medidas encargadas directamente al PJ es muy extenso. Sin embargo, la agenda que se deduce de la priorización de áreas y actividades señaladas en el pedido de mayores recursos apunta mucho más al mantenimiento del status quo que a su reforma.

6.  Las limitaciones son evidentes: en materia de lucha anticorrupción sólo se plantean recursos para integrar a la sociedad civil en la OCMA, dejando de lado iniciativas tan relevantes como la elaboración del plan integral de prevención de actos de corrupción o el fortalecimiento del subsistema anticorrupción. En el tema de acceso a la justicia, sólo se trata el tema de reducción de tasas en algunas provincias, dejando de lado los temas de apoyo a la justicia de paz, intérpretes, peritaje cultural y reconocimiento a la justicia comunitaria. Y así sucesivamente, en las 7 áreas temáticas contenidas en el Plan de Reforma de CERIAJUS.

Finalmente, habría que señalar que lo sucedido en el trámite de la propuesta de presupuesto del PJ este año muestra que lo que se requiere es comprarse el pleito de elaborar una propuesta donde resalten los cambios necesarios y los resultados a obtener en el corto, mediano y largo plazo, partiendo de lo consensuado en la CERIAJUS y enriqueciéndolo con lo sucedido recientemente. Para ello se requiere un liderazgo convocante e incluyente, respecto de las otras instituciones del sistema de justicia y de la sociedad civil, que culmine en una cruzada que se dirija sostenidamente hacia una justicia proba y eficiente. De otro modo, las carencias actuales aún pueden ser mayores si es que (en época de bonanza) le reducen los recursos económicos al PJ.
(Alfredo Villavicencio Ríos)