El caso del vocal Ángel Romero Díaz está demorando más de lo normal en resolverse. Y es que, tanto en lo relativo a la medida cautelar de abstención en el cargo como en lo que respecta al fondo del asunto, ha pasado tiempo suficiente para poder conocer cuál será el futuro de dicho vocal.

En el primer caso, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tiene pendiente revocar o confirmar la medida cautelar de abstención desde el 11 de mayo del 2007, es decir, desde hace casi 1 mes. Habría trascendido, sin embargo, que ya ha sido tomada una decisión y que el promotor podría haber sido el representante de la sociedad civil, Luis Alberto Mena Núñez. De ser así ¿por qué no se hace pública? ¿Será temor a una justificada respuesta ciudadana? Como hemos señalado en otras oportunidades (ver: El CEPJ no debe levantar la medida cautelar dictada contra Romero) los argumentos por los que se debe mantener la medida cautelar son claros, por lo que sería, cuando menos, preocupante un fallo en otro sentido.

En el segundo caso, es la Jefatura de la OCMA la que tiene pendiente resolver el fondo del asunto, a fin de determinar si se propone la destitución al CNM o no. En este caso, esperamos que la Jefa de la OCMA, Elcira Vásquez, siga mostrando voluntad de luchar contra la corrupción judicial y proponga la sanción de Romero, de modo que quede claro que "otorongo sí come otorongo".

¿Por qué se está dilatando tanto la resolución del caso? La verdad es que creemos que no existe causa alguna. Y es que, como hemos dicho, se trata de un caso en el que los cargos y las pruebas contra Romero son bastante claros: i) se ha vulnerado un precedente del Tribunal Constitucional, ii) se ha emitido fallos contradictorios en casos iguales, iii) se ha concedido la demanda a quienes no habían apelado la sentencia que la rechazaba, iv) el proceso de formación de la sentencia estuvo precedido por una serie de discordias y llamado de vocales absolutamente irregulares, entre otros. Por lo dicho, es de presumir que la medida cautelar será confirmada y la propuesta al CNM será formulada.

Más allá de la importancia que reviste el caso, en tanto podría generar un gasto importante al Estado peruano, lo cierto es que nuestro principal interés deriva de que estamos ante un caso claro de corrupción judicial. Por tanto, es necesaria una pronta solución que dé muestras de que el Poder Judicial tiene voluntad interna de cambio.
(Fernando Del Mastro Puccio)