¿Para qué se han juntado la CONFIEP, la CGTP, personalidades como Alfonso de los Heros, Roberto Mac Lean, Julio Cotler, Alberto Adrianzén, Luis Pásara, Graciela Fernández Baca, entre muchas otras; además del Presidente del Tribunal Constitucional, Justicia Viva, El Comercio, Perú.21, Rosa María Palacios, Cecilia Valenzuela, los ex Defensores del Pueblo (Jorge Santisteban y Walter Albán)? Para pedir transparencia y racionalidad en la elección de los 4 nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC). Y si se pide, es porque lo único que está claro es que no la hay.

¿Qué paso con la Comisión de preselección de candidatos, integrada por varios parlamentarios considerados de lo mejor? Comenzaron ofreciendo transparencia total, y de pronto derivaron en el típico secretismo o arreglo bajo la mesa.

La única explicación que puede haber es que los partidos políticos con más fuerza hayan decidido repartirse los 4 cupos del TC, sin estar dispuestos a hacer concesiones en nombre de una elección justa, transparente y que fortalezca el Tribunal Constitucional.

Al ser el Congreso el espacio donde se elige a los miembros del TC, y más, teniendo que ser todavía por mayoría calificada (80 de 120), sería ingenuo pensar que el elemento político puede estar ausente. Son los partidos políticos los que se tienen que poner de acuerdo para alcanzar dicha mayoría. Pero no se pueden llevar las cosas a tal extremo que no importe para nada a quién se elija y qué pueda pensar la ciudadanía al respecto. Sería gravísimo, entonces, que termine primando el criterio político por encima de quién es quién.

¿Qué es lo que se critica concretamente? Lo primero es que no se haya cumplido con lo que se ofreció: 1) publicación de las hojas de vida (Aurelio Pastor, presidente de la referida sub comisión dijo que, por lo menos, se colgarían en internet las de los 17 preseleccionados, pero hasta ahora no hay nada. 2) Las entrevistas no sólo fueron casi en secreto, sino que hasta ahora no se puede acceder a ellas o a sus transcripciones. ¿Por qué? 3) Hubo una preselección inicial que se mantuvo en secreto durante más de un semana, y sólo se hizo pública ante el reclamo generalizado. 4) La Comisión no ha precisado los criterios que ha utilizado para incluir y excluir. 5) No ha habido ningún espacio en el que la ciudadanía haya podido ver y apreciar a los candidatos, lo que puede ser difícil cuando se trataba de más de 70, pero ahora que son sólo 17, no se entiende por qué no se propicia algo así, para que podamos ver el buen o mal criterio que ha tenido la Comisión.

Al cierre de esta edición, trascendió que el congresista Yonhy Lescano, miembro de la referida Comisión habría tenido la iniciativa de convocar a los 17 candidatos, para que brevemente expongan sobre los fundamentos de su postulación y sus ideas en relación al Tribunal. Luego dialogarían con el público presente, lo que sería transmitido por los medios de comunicación. ¿Qué habría de malo en esto? Ojalá que se llegue a concretar.

De los nombres que en estos días se rumorean como posibles magistrados, hay dos que nosotros cuestionamos.

El primero de ellos, es Vladimir Paz de la Barra. Sin ningún ánimo de ofender, porque no se trata de algo personal, criticamos el hecho de que UPP esté haciendo cuestión de estado para que salga entre los cuatro, cuando mucha gente (juristas y abogados) no creen que tenga el nivel profesional suficiente para ocupar un cargo importante. Sería interesante, justamente por eso, poder ver cómo se desenvolvió en la entrevista y, accediendo a su hoja de vida, poder revisar sus publicaciones y sus méritos profesionales y académicos. O que él mismo salga a los medios de comunicación para que, en el diálogo con periodistas y especialistas, podamos apreciar si da o no la talla.

También insistimos en el hecho de que él es actualmente el abogado de Ángel Romero, el presidente de la Corte Superior de Lima que no sólo está siendo investigado por una inconducta funcional (ya hay dos pronunciamientos dentro de la OCMA a favor de su destitución), sino que ha sido objeto de abstención en el cargo (suspensión), mientas duren las investigaciones.

Ya sabemos que existe la presunción de inocencia y que el derecho a la defensa es universal, pero no deja de ser raro que se litigue contra el Poder Judicial (en un caso en que el organismo de control disciplinario de dicho poder esté tratando de luchar contra un caso en el que hay fuertes indicios de corrupción), y ser al mismo tiempo candidato al TC.

Más aún, si el argumento central de la acusación contra Ángel Romero es que en la sentencia con la que resolvió irregularmente un amparo contra el BCR, obvió por completo el carácter vinculante de un fallo del Tribunal Constitucional. Se podría interpretar así, que a Paz de la Barra no le parece mal que se incumpla con lo que resuelve el órgano al que pretende llegar, el TC. No es ilegal o ilícito, pero sí contradictorio, incoherente.

¿La Comisión le preguntó por este caso? ¿Por lo menos se ha revisado el tipo de defensa que ha hecho en el caso ante la OCMA, por tratarse de una materia estrictamente vinculada con el ámbito constitucional, como es el amparo?

En el caso de Javier Jesús Ríos Castillo, otro de los que parece todavía en carrera, tenemos el siguiente tema que, creemos, debe ser cuidadosamente analizado. Se trata de delitos, pero de los cuales -hay que decirlo desde el primer momento- terminó siendo absuelto por el Poder Judicial. Que quede claro, entonces, que estamos reconociendo que desde el punto de vista legal y judicial no carga a cuestas con ningún delito.

Sin embargo, también son ciertos los siguientes hechos:

- Existe una universidad, la Ricardo Palma, que lo acusó formalmente en la década del 90, de haberse apropiado ilícitamente de una significativa suma de dinero en su desempeño como asesor legal de dicha casa de estudios, al punto que, en una elección anterior para el TC, los representantes de dicha universidad interpusieron una tacha contra su candidatura, la misma que, si bien fue declarada infundada, no borra el hecho de que dicha universidad tiene la convicción de que el hecho ocurrió.

¿Se le habrá preguntado por esto en la entrevista? ¿Se habrá citado a los representantes de la universidad Ricardo Palma? Con un sistema judicial con tantas deficiencias como el nuestro, ¿se habrá, por lo menos, revisado el o los procesos, y las sentencias?

- Que, cuando se inició la investigación penal frente a lo referido y otros delitos asociados, él se fue a Estados Unidos, habiendo sido luego objeto de una orden de captura y, como no regresó, se supone que debe haber sido declarado reo contumaz.

Insistimos: formalmente Ríos es inocente, pero aún así creemos que por tratarse de un candidato al Tribunal Constitucional debieron indagarse los hechos en coordinación con la misma universidad, y analizar la calidad del proceso y sus resultados. Y más si gran parte de este proceso ocurrió la década del 90, donde cualquier cosa podía suceder.

Es el Congreso de la República el que tiene la atribución de elegir a los magistrados del TC, pero la ciudadanía tiene el derecho y el deber -como frente a cualquier acto que provenga del Estado- a opinar si se hizo o no adecuadamente. Democracia.

Si el Pleno termina eligiendo rápidamente a los 4 candidatos que la Comisión le presente, sin que haya habido la posibilidad de ver quiénes son y a quiénes se está descartando, los perjuicios serían muchos. 1) Se trataría de una elección deslucida que le quitaría legitimidad a los elegidos. 2) Podría plantearse, con razón, que hay que comenzar a evaluar si debe ser el Congreso el que elija a estos magistrados, o si, como en el caso de los jueces, (por el exceso de politización al que se llegó en un momento determinado, lo que se tradujo en injerencia), debiera pasarse al Consejo Nacional de la Magistratura u otro órgano similar. 3) Se habría neutralizado nuevamente al TC. En su momento, Fujimori lo hizo destituyendo a 4 de sus miembros, ahora se hace nombrando a 4 que no lo merecen.
(Ernesto de la Jara Basombrío)