El día de ayer el Pleno del Congreso de la República eligió a cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), en una votación sorpresiva, en base a una propuesta de cuatro candidatos y sin debate previo sobre la trayectoria y calificaciones de los mismos. Simultáneamente la prensa denunciaba y mostraba imágenes en que se aprecia a uno de los candidatos elegidos, Javier Ríos Castillo, reunido el día anterior, nada más ni nada menos, que con Agustín Mantilla, López Meneses, entre otros personajes.

Como se recuerda, Agustín Mantilla -viejo dirigente aprista- fue condenado por recibir dinero ilícito de las manos del propio Vladimiro Montesinos, mientras que López Meneses fue parte del aparato de espionaje del ex asesor y también ha estado en prisión por estos delitos. Ante mayúsculo escándalo y la contradictoria y deleznable explicación de Ríos Castillo, todos los partidos políticos, que tan sólo ayer votaron a favor de él para que integre el TC, tomaron distancia del mismo, condenaron estas vinculaciones y solicitaron su renuncia (Mercedes Cabanillas -Presidenta del Congreso-, Jorge del Castillo -Primer Ministro- y ¡hasta los propios fujimoristas!).

El señor Ríos Castillo ha renunciado hoy al cargo antes de juramentar siquiera. De él ya se sabían preocupantes antecedentes en su trayectoria que recomendaban evidentemente no tomarlo en cuenta; es más, su nombre nunca fue el más voceado. ¿Cómo resultó electo entonces? Nadie quiere asumir la responsabilidad ahora. Lo cierto es que: o las bancadas parlamentarias involucradas fueron cómplices de tamaño despropósito o se les pasó un elefante blanco delante de los ojos.

Cualquiera sea la responsabilidad del Congreso, por complicidad o por negligencia, resulta evidente que el Pleno DEBE ANULAR DICHA ELECCIÓN y proceder a una nueva votación para elegir a los nuevos magistrados del TC. En primer lugar, porque se votó en bloque y, por ende, si cae uno antes de la juramentación, eso acarrea la nulidad de toda la decisión parlamentaria que fue en bloque y no de forma individual. En segundo lugar, porque genera grandes suspicacias y temores que si pasó una persona como Ríos Castillo -que no debió pasar- ¿cómo estar seguros de la trayectoria de los otros candidatos electos? Sobre todo si sobre uno de ellos ya se han formulado hace muy pocos días serias acusaciones también.

El Congreso debe escuchar esta inequívoca demanda ciudadana por mayor transparencia e imparcialidad en el proceso de selección -que veníamos exigiendo, precisamente, para evitar desenlaces como éste- y tener un gesto de rectificación para con el país. En el camino han quedado excelentes candidatos -de diversas orientaciones ideológicas- que podrían ser reconsiderados. Una de las pocas instituciones que funciona y tiene legitimidad en el país es, precisamente, el Tribunal Constitucional. Corresponde al Congreso contribuir a fortalecerlo y no a debilitarlo.
(Ideelemail Nº 547)