Dotar al país de una carrera judicial garante de la independencia de los magistrados, es una de las asignaturas pendientes de nuestra vida Republicana, que trae como consecuencia un bajo nivel de protección al correcto desempeño del Poder Judicial en su difícil labor de juzgar. Conociendo la relevancia del caso, la CERIAJUS aprobó las Bases para la Regulación de la Carrera Judicial y Fiscal, que ha servido de sustento técnico para la autógrafa aprobada por el Congreso, cuya sanción se encuentra hoy en cuestión.

A pesar de encontrarnos ante una necesidad histórica -o quizá justamente por eso- llama la atención advertir los fuertes niveles de resistencia a la instauración de una carrera judicial. Aquella surge desde dentro del propio sistema judicial y es potenciada aún en el Congreso, e inclusive desde el propio Ejecutivo.

Ello permite explicar con mayor facilidad, por qué ante un esfuerzo considerable de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y a nivel del Pleno, la Presidencia del Poder Judicial planteó 41 observaciones a la autógrafa de la Ley Orgánica de Carrera Judicial; y el Ejecutivo hizo lo propio con 35 observaciones. Sin lugar a dudas, es un indicador objetivo encontrarnos ante una de las leyes más observadas de la historia reciente, y que un porcentaje relevante de las objeciones se centre en temas menores.

En esta misma lógica, no debe sorprendernos que se haya perdido terreno en temas sustanciales de la carrera judicial, como lo es la evaluación de desempeño, en el sentido de pretender extraer dicha función de las competencias del Consejo Nacional de la Magistratura, con el argumento de que constitucionalmente ello no le corresponde. Lo mismo puede afirmarse de un sistema de evaluación que dé un trato preferencial a un sector de magistrados, sin que medien criterios razonables.

Puestos en esta coyuntura -si bien CERIAJUS es el norte a seguir- lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y en ese contexto, deben trabajar tanto la Presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la del Pleno del Congreso, habida cuenta de su compromiso por cubrir el referido vacío histórico y dar pie con ello a iniciar la reforma del Estado.
(César Bazán Seminario)