LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, ante el procedimiento de elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional insólitamente conducido por el Congreso de la República, considera su deber hacer la siguiente declaración pública:

1.- El Tribunal Constitucional es un órgano fundamental dentro del ordenamiento democrático y el Estado de Derecho, entre otras razones, porque controla la actuación de todos los demás órganos estatales, incluyendo al Congreso de la República, a fin de que estos respeten la Constitución y los derechos fundamentales de las personas. Este supremo órgano de la justicia constitucional es la más importante garantía de un sistema de gobierno democrático y civilizado.

2.- La comisión de congresistas a la que se encomendó la evaluación de los candidatos al Tribunal Constitucional estuvo en la capacidad de establecer un orden de mérito de los postulantes como consecuencia del estudio de sus hojas de vida y de las entrevistas efectuadas a cada uno de ellos. Sin embargo, posteriormente, dejando de lado estos elementos objetivos que daban cuenta de los méritos de los candidatos, y faltando al deber de transparencia que exige un procedimiento de esta naturaleza, las diversas bancadas parlamentarias han discutido a espaldas de la ciudadanía -a la que se deben- la calidad de las candidaturas y han realizado una repartición de candidatos en función a las cuotas de los grupos políticos, situaciones que empañan la democracia y el orden constitucional. El primer resultado lamentable de todo ello es haber elegido a un ciudadano para el cargo y, posteriormente, en menos de veinticuatro horas, haber dejado sin efecto su designación.

3.- Es preciso que el Congreso de la República reconozca sus errores de fondo y forma en la elección realizada, la invalide totalmente y proceda a realizar una nueva elección de manera transparente ante la ciudadanía, con votación individual por cada candidato, pues si se ha hecho una evaluación de cada uno de ellos por separado en atención a sus méritos personales, no es razonable someter a votación candidaturas en bloque.

4.- El Congreso de la República, cuya producción normativa es pasible de ser controlada por el Tribunal Constitucional, debe elegir como magistrados de dicho órgano a las personas que demuestren mayor capacidad para la función según la evaluación que se haga de ellas, y debe abstenerse de pretender imponer cuotas partidarias o personalizadas en la elección porque ello afecta el equilibrio de poderes.

5.- El Estado de Derecho, el principio de separación de poderes y el respeto a los ciudadanos y ciudadanas del país, exigen que los congresistas den una lección de decencia y de civismo al elegir a cada uno de los miembros del Tribunal Constitucional en función de su independencia y de sus méritos profesionales y éticos. Lo contrario dañará severamente a la democracia peruana y debilitará la legitimidad que el Tribunal Constitucional, por su naturaleza, requiere para el cumplimiento de su función de guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales de las personas.

Lima, 15 de junio del 2007