El último sábado 17 de marzo fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 333-2007-MP-FN, en virtud de la cual, "Convierten fiscalías en Fiscalías superiores y provinciales especializadas de la Fiscalía contra la criminalidad organizada, con competencia a nivel nacional". Sin duda, es una decisión acertada y un buen inicio para lo que, esperamos, sea un conjunto de medidas que deberían implementar tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.
Si bien la creación de dos fiscalías superiores y cuatro fiscalías provinciales -con local propio que acaba de ser inaugurado con la presencia del Presidente de la República, del Poder Judicial y otras altas autoridades-, es un buen primer paso, los esfuerzos del Ministerio Público devendrán en insuficientes si es que no se adoptan -gradualmente- otras medidas, como la creación de más órganos fiscales especializados, la asignación de esta difícil responsabilidad a un fiscal supremo titular, o se le dota a estos nuevos órganos de todo el apoyo policial, de seguridad o movilidad que necesitan.
Lo decimos no con el ánimo de aguar la fiesta, sino con el propósito de llamar la atención sobre la gravedad y extensión que el crimen organizado ha alcanzado en nuestro país, en especial, el narcotráfico, que viene mostrando en forma creciente indicios de influencia en diversos niveles del sistema de justicia: asesores o procuradores -esto es, abogados que deben defender los intereses del Estado- que han defendido casos de narcotráfico, jueces que conceden sospechosos y cuestionables hábeas corpus para la liberación de personas acusadas de narcotráfico, vínculos de diversos funcionarios del actual Gobierno con personajes como Fernando Zevallos, entre otros preocupantes indicios. Si no fuera por la labor del periodismo, estos escándalos no se habrían descubierto y, más grave aún, queda la sospecha sobre cuántos otros casos más habrán que permanecen ocultos.
Al respecto, la propia resolución de la Fiscalía de la Nación se encarga de fundamentar -debidamente- la gravedad de lo que parece ser una sofisticación del narcotráfico para pretender -y con frecuencia, lograr- filtrar diversos niveles del sistema de justicia y del Estado en general. A continuación, algunas de las principales consideraciones de la resolución que compartimos y que revelan, precisamente, la gravedad del problema:
• ". la criminalidad organizada en nuestro país presenta una variedad de actividades criminales que cada vez se están entrelazando con el objetivo principal de perpetuar sus actos ilícitos a fin de obtener mayores utilidades, para lo cual vienen implementando organizaciones cada vez más estructuradas y complejas que tienden a globalizarse , potenciando sus capacidades, al extremo de afectar la seguridad nacional." [subrayado nuestro].
• ". las diversas expresiones de criminalidad organizada buscan institucionalizarse a través de la infiltración de las estructuras formales del Estado y la sociedad a través del lavado de activos y la corrupción en los diversos estamentos de las instituciones públicas y privadas." [subrayado nuestro].
• ". los resultados hallados en la casuística de la función fiscal permiten establecer que las organizaciones criminales vienen invirtiendo ingentes sumas de dinero en su desarrollo organizacional, tecnológico y en la especialización de sus recursos humanos y que ello guarda relación con el incremento de los delitos graves propios de la criminalidad organizada, haciendo necesario que el Ministerio Público. diseñe e implemente una respuesta especializada, estructurada y eficiente.".
El Ministerio Público ha dado el primer paso. Ahora toca que el Poder Judicial haga lo suyo y, tal como hemos venido planteando desde Justicia Viva, le encargue esta competencia de juzgar el crimen organizado y el narcotráfico, a la Sala Penal Nacional que tan bien viene dirigiendo el vocal Pablo Talavera, y en la que participan magistrados y magistradas tan destacadas como Jimena Cayo. El diario El Comercio (21/03/07) ha informado que el Presidente del Poder Judicial declaró esta semana que ". en los próximos días estudiará la posibilidad de ampliar la competencia de la Sala Penal Nacional. para que también pueda encargarse de los mismos delitos que investigarán las fiscalías instaladas .".
Al respecto, volvemos a recordar una vez más, que el pasado 25 de septiembre, la Sala Plena de la Corte Suprema publicó un extenso comunicado donde anunciaba 41 medidas de urgente mejora de este Poder del Estado. La medida Nº 32 anunciaba que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) evaluaría, precisamente, la posibilidad de ampliar las competencias de la Sala Penal Nacional, para que también conozca delitos de narcotráfico perpetrados por bandas, y secuestros y robos agravados en casos especialmente graves. Creemos que es una medida que se cae de madura.
Por su parte, el Poder Ejecutivo también tiene grandes responsabilidades en esta materia:
• Combatir la corrupción policial y frenar y revertir la influencia que el narcotráfico tiene en diversos niveles de la institución policial.
• Otorgar al Ministerio Público y al Poder Judicial, los recursos necesarios para que estos órganos fiscales y jurisdiccionales especializados, cuenten con toda la infraestructura, apoyo y seguridad correspondiente.
• Ya es hora que la Ministra de Justicia declare en reorganización el Consejo de Defensa del Estado y se evalúe el desempeño y, sobre todo, la trayectoria personal y profesional de todos y cada uno de los procuradores que defienden los intereses del Estado. Son demasiados los casos en los que se han descubierto o denunciado vínculos entre algunos de estos abogados del Estado con casos de narcotráfico.
Finalmente, creemos que esta batalla contra un crimen organizado y un narcotráfico cada vez más sofisticados, si bien es responsabilidad de todos, uno de los llamados a liderar esta desigual lucha es el sector de jueces y fiscales probos que vienen haciendo diversos esfuerzos por mejorar la justicia en nuestro país. El otro sector es la prensa independiente y las organizaciones de la sociedad civil.
(David Lovatón Palacios) |