La elección de magistrados al Tribunal Constitucional (TC) que hasta hace dos semanas venía siendo desarrollada de manera transparente e impecable, ha comenzado a ser blanco de críticas por la prensa y por algunas personalidades del mundo académico y político. La verdad es que razón no les falta. El denominador común de todas ellas ha sido la falta de transparencia, la falta de información y el poco o nulo acceso de la prensa y de la opinión pública en esta parte del proceso de selección, no obstante la importancia del TC al interior de la estructura del Estado.

En efecto, la Comisión Especial del Congreso de la República decidió que las entrevistas serían reservadas, impidiendo la presencia de la prensa y de la opinión pública, y restringiendo primero y luego impidiendo la presencia de instituciones como Justicia Viva en las mismas (ver: Elecciones de magistrados del TC: ¿afecta su derecho a la intimidad el carácter público de las entrevistas?). Luego, se anunció que se grabarían las entrevistas y se difundirían después, cosa que no se ha cumplido hasta la fecha. La opinión pública tiene todo el derecho a conocer las preguntas que se formularon a los candidatos y las respuestas que estos brindaron, sólo de esa manera se podrá ver si hubo favoritismos, entrevistas "echadas", falsas renuncias o manifiesta intención de "destruir" algunas candidaturas.

Menos aún se ha publicado la lista de los candidatos seleccionados, no se sabe si son 20, 11 u 8, es un misterio. Tampoco la opinión pública conoce los criterios que se utilizó para elegirlos y si estos se ajustaron al perfil exigido. Finalmente, a diferencia de la Corte Suprema que sí difundió los currículos de los candidatos a la Presidencia del Poder Judicial a inicios de año, la Comisión Especial presidida por Aurelio Pastor, guarda los currículos de los candidatos al TC bajo siete llaves, de manera insólita e inexplicable. La conclusión es evidente: la población y la prensa no conocen a los candidatos, no sabe con adecuada precisión quiénes son, qué filiación política tienen o tuvieron en el pasado, cuál es su trayectoria democrática, cuáles son sus deudas en Infocorp, a quiénes han defendido como abogados, qué posición tomaron ante el golpe del 5 de abril, qué cargos públicos ocuparon anteriormente, qué procesos judiciales tiene en su contra, cuánto conocen y manejan de la temática constitucional, etc.

Como señala con acierto Walter Albán, ex Defensor del Pueblo, con estas actitudes lo único que ha hecho el Congreso, es enviar "señales preocupantes" a la ciudadanía, al no realizar un proceso transparente en la selección de candidatos al Tribunal Constitucional (La República, 02/05/07). De una opinión similar es Yohny Lescano -miembro de la Comisión Especial- quien en declaraciones públicas exigió a Aurelio Pastor la difusión de las entrevistas y la lista de los 20 aspirantes, "ya que no hay nada que ocultar y es de interés público" (Programa radial No hay Derecho de Radio San Borja, reproducidas por el diario oficial El Peruano, 03/05/07).

No fueron los únicos que han levantado sus voces de protesta. La editorial del diario La República de jueves pasado (03/05/07), consideró "imprescindible que esta elección se haga con un máximo de transparencia" y pidió al Congreso no apurarse en la elección. En esa misma línea, el mismo día, Augusto Álvarez en la editorial del diario Perú.21, sostuvo que "la verdad es que no había que esperar tanto tiempo para darse cuenta de que la selección no se está realizando con la transparencia que demanda la conformación de una entidad tan importante como el TC".

La intervención de la prensa no solo es importante porque nos permite estar informados de este proceso de tanta importancia para el país, sino porque asegura y crea las condiciones para que sólo los candidatos más capaces e idóneos lleguen a ocupar las plazas en concurso. En efecto, si tenemos en cuenta que estamos ante una elección esencialmente de naturaleza política antes que de mérito, la falta de transparencia es grave y peligrosa, pues estimula y crea las condiciones para que el interés de algunos partidos por colocar a "su gente" y "controlar" al máximo órgano de control de constitucionalidad, prime sobre la exigencia constitucional y legal de elegir a las personas más idóneas y competentes para el cargo, requerimiento que se materializa a través de la exigencia de votación calificada -fruto del consenso- de todas las fuerzas políticas (se necesita 80 votos).

Nadie pretende negar la naturaleza política de esta elección. Como señala Eguiguren, el hecho de que la misma esté a cargo del Congreso, y que para alcanzar la alta votación exigida suela requerirse de acuerdos entre las fuerzas parlamentarias, hace inevitable que la designación de magistrados tenga una inocultable dimensión política (Perú.21, 26/04/07). El problema es cuando esos candidatos propuestos por las diferentes bancadas fruto del "cuoteo" político, no dan la talla, es decir, no reúnen los requisitos para ocupar tan alta magistratura y sólo y exclusivamente responden a una lógica de control y sometimiento político del TC al gobierno de turno. Es imposible evitar el reparto de cargos entre los principales grupos políticos, pues cada grupo escoge "su candidato" y todos se apoyan recíprocamente para alcanzar la votación requerida; sin embargo, lo que sí podemos hacer, es evitar a través de la transparencia y de la vigilancia de la opinión pública, que personas que no reúnen los requisitos mínimos lleguen al TC.

Como podemos ver, lo que está en juego entonces no es poca cosa. Los peruanos nos jugamos la independencia e imparcialidad del TC en los próximos años. Un tribunal maniatado y controlado será muy vulnerable y no podrá resistir las enormes presiones que diferentes sectores del Estado y los poderes fácticos le hagan en su momento. Sin independencia e imparcialidad, este tribunal no podrá cumplir a cabalidad la función que le ha encomendado el constituyente. La única manera de evitar ello es la transparencia y la mirada atenta de la opinión pública. La única manera que tiene la población para asegurar la idoneidad profesional y moral de los postulantes es la transparencia y el acceso a la información.
(Juan Carlos Ruiz Molleda)