La falta de transparencia en el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) pone, una y otra vez, en jaque al órgano contralor de la Constitución y de la defensa de los derechos humanos en el país. Pareciera que de nada le sirve al TC haber emitido sentencias importantes para la democracia, la defensa de la lucha contra la corrupción, la defensa de la cosa juzgada, entre otros, como para que la Comisión Especial encargada de seleccionar a los postulantes al TC, ponga énfasis en su labor y elija a los cuatro mejores a través del filtro que coadyuvará a su labor: la transparencia.

Por supuesto, en un inicio no fue así: la Comisión había señalado que el proceso se llevaría a cabo con mucha publicidad, que los candidatos que tuvieran relación con regímenes antidemocráticos serían cuestionados y que, a final de cuentas, resultarían preseleccionados los mejores. Ahora, pasado el tiempo, damos cuenta que el ofrecimiento no fue cumplido: salvo un par de días, las entrevistas a los postulantes fueron reservadas, es decir, de espaldas a la opinión pública; nunca se difundió la grabación de las mismas, los currículos todavía son desconocidos por la población, la lista final de los 17 candidatos aún en carrera no fue publicada sino hasta buen tiempo después. todo ello, a pesar de la insistencia justificada de la prensa, la sociedad civil, incluso del Presidente del TC, César Landa, y (ahora último) del presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - Confiep, Jaime Cáceres Sayán; de publicitar un proceso de vital importancia para el país. ¿Será que desde un inicio se tuvo la consigna del secretismo en la Comisión y, no obstante, se prometió lo contrario?

Estas preguntas son válidas, toda vez que las razones dadas por el Presidente de la Comisión para (por ejemplo) no publicar las entrevistas, no son razonables (ver ideeleradio). ¿Para evitar algún tipo de presión?, en todo caso, la Comisión debe explorar otro tipo de medidas, toda vez que las ya mencionadas más que evitar una presión indebida -consustancial en el Congreso-, impiden el ejercicio del derecho de la ciudadanía a fiscalizar en el marco del derecho a la participación política; resultando así exageradas y arbitrarias. Se dedujo que la publicación de las entrevistas daría cierta ventaja a los postulantes que las rendirían al final. bueno, las entrevistas ya terminaron y las grabaciones no se han hecho públicas. Otra razón esgrimida: que algunas preguntas eran personales, como lo relacionado a procesos pendientes, incumplimientos personales, convicción política; idea con la que no concordamos, toda vez que dichos aspectos son importantes para calificar o no a un alto cargo como magistrado del TC (no son, pues, preguntas realmente de la esfera personal, como la opción sexual o la creencia religiosa). Como señalamos, aún se esperan las grabaciones.

A pesar de todo ello, la Comisión aún tiene la posibilidad de cambiarle la cara a lo que queda del proceso, a fin de no poner en nuevo jaque a la elección y lo que es peor, al Tribunal. La transparencia hará que los candidatos por quienes se decidan las bancadas políticas no resulten al final siendo "un chasco" (como lo señalo el Presidente de la Confiep) para la gobernabilidad. Actuar de espaldas a ella no sólo hizo, entre otras cosas, crecer la imagen de parcialidad de algunos integrantes de la Comisión (como sucedió con el presidente de la misma, Aurelio Pastor. Ver: ideeleradio), sino que además, abre la posibilidad de que se presenten casos de candidatos de los que se tendría mucho que decir e investigar, sin que el tiempo esté a favor de unas debidas investigaciones, sin que la sociedad civil pueda aportar a dicho escrutinio. Estando así las cosas, cualquier "sorpresa" en la trayectoria de quienes al final lleguen a ser magistrados del TC, dependerá sólo y exclusivamente de la Comisión. ¿Cambiar de rumbo? sí, ¿rápido?, mucho más, porque el tiempo se vence este 9 de junio.
(Cruz Silva Del Carpio)