El pasado lunes el Comité Judicial de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del Congreso dictó un mandamiento de apremio para detener a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. ¿La razón? No haber asistido a responder por las acusaciones contenidas en la demanda de responsabilidad interpuesta el pasado 15 de mayo por el Presidente Evo Morales.

Como se puede recordar, dicha demanda se sustenta en el supuesto delito de prevaricato en que habrían incurrido los magistrados al suspender en sus funciones, mediante sentencia del 09 de mayo (ver: sentencia), a cuatro magistrado de la Corte Suprema que habían sido designados de modo interino por el Presidente a fines del año pasado.

Desde el plano jurídico, el Tribunal Constitucional y sus defensores (ver: comunicados a favor del Tribunal Constitucional) señalan que, aun cuando el Decreto mediante el que se designan a los vocales supremos es constitucional (en tanto el Presidente el Congreso se encontraba en receso), lo cierto es que de acuerdo con la legislación boliviana todo cargo interino tiene una duración máxima de 90 días (ver acápite 3.4 de la sentencia). Por ello, la continuidad de los magistrados significa una violación del artículo constitucional que establece la facultad de designar a los magistrados supremos de modo interino. A su vez, se menciona que el juicio de responsabilidad debe ser utilizado en casos excepcionales, no siendo aplicable dicho calificativo al supuesto actual.

La posición del gobierno ha sido, evidentemente, distinta. Se ha argumentado que la norma que establece los 90 días como límite y que data del año 1911 fue derogada por la Constitución de 1938. A su vez, argumentan que el Tribunal Constitucional no es competente para suspender funcionarios públicos, sino para evaluar la constitucionalidad de las leyes.

Pero el debate, como podía esperarse, no se ha centrado únicamente en lo jurídico. Argumentos de corte político también han sido esbozados por ambas partes. Los miembros del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial han señalado que se trata de un intento de controlar la administración de justicia y han dado muestras públicas de protesta por ello (ver: El Poder Judicial sale a las calles para defenderse). Por su parte, los agentes del Gobierno han señalado que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional son entidades absolutamente corruptas, ajenas al pueblo; el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ha llegado a afirmar incluso que los magistrados se caracterizan por ser racistas y colonialistas.

Lo cierto es que el debate deberá ser resuelto por el Congreso en las próximas semanas. La primera instancia será la Cámara de Diputados, donde Morales tiene mayoría y, la segunda, la Cámara de Senadores, donde la mayoría la ostenta la oposición. Por ello, se podría pensar que los magistrados perderán en la primera instancia pero que la segunda les sería favorable.

Ahora bien, más allá del resultado al que se arribe, debemos anotar que en la actualidad el conflicto ha generado un clima de zozobra en Bolivia, que afecta gravemente su institucionalidad. Clima que, por lo demás, podría empeorar en los próximos días ya que, hoy por hoy, los magistrados constitucionales tienen orden de captura.

Como reflexión final podemos señalar que, desde nuestro punto de vista, la situación nunca debió llegar a su estado actual. Un Estado Constitucional de Derecho supone no solo la existencia de un sistema de pesos y contrapesos en el poder, sino también la necesidad de que los diferentes poderes y entidades que conforman el Estado puedan solucionar este tipo de conflictos de modo dialogado. Así, creemos que lo mejor hubiera sido poner una fecha límite al Congreso a fin de que nombre a los magistrados titulares, de modo que se evite arribar a la complicada situación actual.
(Fernando Del Mastro Puccio)